(AFP) Bajo el impulso de un mercado global ávido de salmón, la acuicultura chilena se enfrenta al reto de aumentar su producción sin caer en los pecados sanitarios que en el pasado transformaron en «cementerio» las aguas del sur del país.
La presión surge tras el incremento en más de un 40% en el precio internacional del salmón, impulsado en parte por la caída en las cosechas de Chile -el segundo salmonicultor mundial detrás de Noruega-, que pasó desde 883.102 toneladas a 727.811 en 2016, afectada por la proliferación masiva de algas que asfixiaron a miles de salmones.
Después de la catástrofe, los productores viven ahora un buen momento, que permite «pensar y hacer las cosas que nos den una estabilidad y una buena sustentabilidad a mediano y largo plazo» bajando costos, comentó a la AFP Felipe Sandoval, presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile).
Pero ese equilibrio parece una misión imposible para ambientalistas, que consideran inviable mantener o aumentar la producción sin afectar el ecosistema de la Patagonia Chilena, donde este año se prevé cosechar más de 700.000 toneladas del codiciado producto tras una demanda anual que crece en torno al 10%.
«La demanda del salmón no es sostenible», apuntó a la AFP Liesbeth van der Meer, directora de la organización ambientalista Oceana Chile, que explica que «hay una carga ecológica que no aguanta más el sistema y pasado cierta cantidad de salmones esto explota».
Es necesario un kilo de peces pelágicos silvestres, como la anchoveta, para producir 190 gramos de salmón, al ser este un pez carnívoro.
Las grandes densidades de salmones -que se introdujeron en las aguas chilenas hace más de dos décadas- llevan también a que esta especie se estrese y se enferme más, según la representante de Oceana.
El «bloom» de algas que azotó a la industria local el año pasado responde a la acumulación de desechos de la acuicultura, aseguró.
En este escenario, lo razonable para el ecosistema chileno sería producir alrededor de la mitad del cultivo actual, puntualizó Liesbeth van der Meer, que advierte que no hay estudios que permitan determinar los efectos provocados por la salmonicultura marina en las tres regiones de Chile en las que se produce: Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El uso masivo de antibióticos también está en la mira.
En 2016, la industria utilizó 382,5 toneladas de antimicrobianos, un 31% menos que el año previo, pero aún muy por encima de la media en Noruega, principal productor mundial de salmón, con el riesgo, según los ambientalistas, de generar «súperbacterias».
Un dato que no frena a los consumidores de Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea, principales compradores de una industria que exporta el 99% de su producción formada por salmón Atlántico, seguido de trucha arcoíris y coho.
Crecer bajo control
Para las autoridades chilenas, «si los parámetros sanitarios y ambientales funcionan, la industria puede crecer», dijo a la AFP Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
Pero si suena la alarma sanitaria, se puede obligar a bajar la producción, advierte.
Frente al virus ISA (anemia infecciosa), que en 2007 provocó una gran crisis sanitaria, el Estado reaccionó bajando las densidades máximas de salmón a 17 kg por metro cúbico, mientras que con otros fenómenos ambientales -cada vez más recurrentes debido al cambio climático que fustiga al mar chileno- la acción se ha centrado en generar nuevos controles con un reglamento que comenzaría a regir en 2018.
Contrariamente a lo que sucedió en la región de Los Lagos -con fiordos saturados de cultivos-, Magallanes es señalada por el Gobierno como la región donde se impusieron mayores controles desde un comienzo, evitando la aglomeración de concesiones que se dieron en las otras dos regiones.
Con bajas temperaturas en sus aguas, el austral territorio presenta una óptima condición sanitaria, lo que lleva a utilizar menos del 1% de los antibióticos que se utilizan en las otras dos regiones.
«Magallanes es una posibilidad que se presente un desarrollo sustentable de la actividad», puntualizó Zamorano.
El objetivo gubernamental es «generar un desarrollo sustentable de una actividad económica que genera empleo y divisas económicas» al país (US$3.844 millones en 2016 y unos 70.000 empleos), subrayó.