La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado continúa con su trabajo respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que busca fortalecer y modernizar el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
El proyecto de ley tiene como principales objetivos realizar adecuaciones al personal de servicio, de manera de entregar un adecuado cumplimiento a las responsabilidades del organismo y que permitan mejorar en materias relativas a la inocuidad alimentaria y de esta forma mejorar el comercio exterior.
De igual manera, se busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) con el fin de luchar contra la pesca ilegal, establecer nuevas obligaciones para los agentes acuícolas-pesqueros y, por último, la instauración de infracciones contra acciones consideradas graves en el procesamiento, elaboración, almacenamiento o comercialización de los productos.
De acuerdo con lo detallado en el sitio electrónico de la Cámara Alta, durante las últimas sesiones dicha comisión se ha abocado a importantes temas relativos con las infracciones que podría eventualmente cursar el Sernapesca con sus nuevas atribuciones respecto de la pesca ilegal, como también la fiscalización que podrá realizar el servicio con las nuevas facultades que le entrega esta iniciativa.
El presidente de la Comisión, senador Rabindranath Quinteros, explicó respecto del primer punto que «queremos que realmente haya una fiscalización a la pesca ilegal y darle todas las herramientas necesarias a la institución para que pueda ejercerlo de buena forma».
Junto con eso, se busca modificar la cuantía de las multas, debido a que estas actualmente no discriminan si es que quien comete la infracción es un pescador artesanal o una embarcación de características industriales, tema que esta iniciativa busca también modificar respecto de las atenuantes a las que se vea sometido el infractor.
Respecto del segundo punto, el congresista afirmó que el debate se centra en cuáles naves debiesen ser fiscalizadas debido a que «algunos piensan que no se debe cobrar en la fiscalización a naves menores de 12 metros porque dicen que es muy poco lo que se gana, mientras que otros tienen la idea de que no son tan pocos los recursos que se extraen (por lo que sí debiesen ser fiscalizadas)».
En la actual legislación, las naves de una eslora menor de 12 metros no son fiscalizadas en las plantas de fiscalización destinadas sobre la cual las embarcaciones deben realizar un pago porcentual respecto de los recursos extraídos.