A continuación reproducimos íntegramente una misiva recibida por el director de AQUA que se titula «Carta abierta al subsecretario de Pesca y Acuicultura» (Eduardo Riquelme, en la foto) y cuyo foco es el proyecto de ley que regula la captura de jibia:
«Estimado señor subsecretario de Pesca y Acuicultura, como integrantes del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta de la Macrozona Valparaíso-Los Lagos, donde se encuentran representados los sectores productivos industrial y artesanal, y en vista de la evolución del proyecto relacionado con la captura de jibia, que se encuentra actualmente en trámite legislativo en el Congreso de nuestro país, se hace necesario que debamos manifestar nuestro firme rechazo a esta iniciativa, toda vez que este compromete nuestro normal desempeño laboral.
La jibia, hasta el día de hoy, es una real alternativa productiva pesquera para el sector pelágico, flota que dio inicio a la captura de esta especie, hito que permitió establecer las bases para que este recurso se convirtiese en pesquería y que dio sustento a la distribución actual entre artesanales e industriales. Al respecto, se puede señalar que esta flota ha hecho pruebas de captura de jibia con cerco con algunas mejoras tecnológicas, obteniéndose un producto de muy buena calidad apto para ser procesado para consumo humano, lo que le ha permitido mantener hasta el día de hoy un importante desembarque.
Manifestamos fuertemente nuestra oposición a esta iniciativa parlamentaria, porque al dejar la potera como único arte de captura para esta especie se elimina el arte de cerco en los permisos artesanales, lo que, en la práctica, se constituye como ‘caducidad parcial’, contraviniendo el principio de indivisibilidad establecido por ley, en su artículo 50B. Además, esto establece una pérdida patrimonial para todo el sector artesanal, lo que nos parece gravísimo.
Esta ‘caducidad parcial’ o inhabilitación de los permisos artesanales elimina la posibilidad de establecer la captura de jibia con cerco para consumo humano como una alternativa pesquera ante crisis socioeconómicas, como la que hoy tenemos en la pesquería de sardina común y anchoveta de esta macrozona, coartando posibilidades de trabajo y volviendo la actividad aún más precaria.
Se ha defendido fuertemente el principio de que los recursos marinos son de todos los chilenos, sin embargo, este proyecto pretende consagrar, de manera exclusiva, un recurso para un grupo de actores, sin considerar los efectos socioeconómicos y laborales que esto produce en los demás. Avanzar en la exclusividad de extracción para este recurso implica que los demás pescadores, con otros artes extractivos, se verán obligados a un descarte no deseado en su captura, el que no necesariamente será solo jibia.
Otro antecedente real y comprobable es que en esta macrozona centro-sur la jibia no se captura dentro de la primera milla, sino que, en su mayor cuantía, esta se realiza en mar abierto (a más de 20 millas de la costa), donde embarcaciones con escasa autonomía que hoy desembarcan no cuentan con las autorizaciones y condiciones de seguridad establecidas por la autoridad marítima, poniendo en riesgo la seguridad de la vida en el mar, tema que debiera preocuparnos a todos.
Nos preguntamos si quienes arengan esta medida han considerado la desventaja en que quedaría nuestro país dentro de la ORP, teniendo presente que esta pesquería pronto entrará en administración por esa organización. Como país no hemos sido capaces de capturar toda la cuota de jibia que se ha entregado, aun teniendo capacidad extractiva y de proceso suficiente para mantener un nivel competitivo respecto de los demás países de la ORP-PS. No es conveniente inhibir esta capacidad pesquera pues disminuye nuestra posición en el Pacífico Sur, lo que traerá como consecuencia una inminente baja cuota para Chile en la ORP, con los efectos sociales, laborales y económicos respectivos.
Por último, señalamos que la base del sistema pesquero, en términos de sustentabilidad, es la diversidad extractiva, concepto que aporta a disminuir la precariedad de nuestra actividad, sin embargo, este proyecto apunta en la dirección contraria, estableciendo y consagrando un coto de pesca exclusivo, mirando solo beneficios en un muy corto plazo para un minoritario grupo de pescadores».
Firman:
Representantes sector artesanal
– Pedro Marín Chacón, regiones de Valparaíso, O’Higgins y del Maule;
– Juan Garrido Contreras, Rosendo Arroyo Rebolledo, Victoria Rubio Díaz y Juan Vargas Rodríguez, región del Biobío;
– Fernando Quiroz Morales y Juan Santana Zúñiga, regiones de La Araucanía y de Los Ríos.
Representantes sector industrial
– Enrique Cisterna Ortega, Néstor Velásquez Sáez, Claudio Salazar Zencovich, Eric Riffo Paz y Juan González Vergara.