Previo a la audiencia de conciliación convocada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció la decisión del gobierno de no participar del proceso y de solicitar que la instancia judicial dicte sentencia.
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El diputado Sebastián Torrealba (RN), junto con otros congresistas del mismo partido, afirmó que el gobierno ha entregado una «buena señal al país y al mundo» respetando la institucionalidad. A juicio del legislador por la región Metropolitana, «en este país las instituciones funcionan y esa es la señal clara que ha dado la ministra». A lo que agregó: «Estos son los estímulos que Chile necesita para volver a crecer, dando así una tremenda señal a los inversionistas a futuro».
A su vez, y de acuerdo con lo publicado en el sitio electrónico de la Cámara, recalcó que este es un proyecto de inversión «muy relevante para nuestro país», que tendrá un valor de US$2.500 millones y que producirá cerca de 1.400 puestos de trabajo para la región.
Por su parte, el diputado Raúl Saldívar (PS) subrayó que «en este tema es indispensable que el gobierno muestre total transparencia en este proceso, ya que está claro que este proyecto es perjudicial en materia medioambiental para la región». El legislador por Coquimbo recalcó que no hay que olvidar que la empresa a cargo del proyecto Dominga llevó a cabo una serie de irregularidades que fueron evidenciadas, el 2017, por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
La ministra del Medio Ambiente, en entrevista con Radio Duna, complementó que «lo que corresponde en este caso es que el tribunal falle y no se realice una negociación directa con la empresa».
Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicaría en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo, una zona que se caracteriza por su alta biodiversidad e históricamente vinculada a la actividad minera.