Como «un avance», calificó la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Pesqueras de Chile (Pymepes) al proyecto de «ley corta» ingresado por el Ejecutivo en el Senado.
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«Hemos estudiado el proyecto de ‘ley corta’ de pesca ingresado por el gobierno y nos deja un buen sabor de boca inicial. Estimamos que es un paso hacia adelante, aunque reconozco que se queda corto, ya que no toca los 20 años de privilegio inicial de las licencias transables y esperamos que el Senado sea más audaz, sepa convencer al Ejecutivo y limite esta asignación inicial por ilegítima e injusta», subrayó el gerente de la Pymepes, Alfredo Irarrázaval.
El gremio de pymes ha solicitado al propio gobierno, diputados y senadores, se permita que una parte de la fracción de las licencias industriales puedan ser licitadas solo entre pequeñas y medianas empresas con criterios diferenciados como la innovación y el valor agregado y, aunque es materia de reglamento, el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección.
«Es urgente una nueva ley de pesca, pero con un sello pro pymes como el eje y motor de desarrollo industrial, económico, social y regional, que promueva más inversión, más consumo humano, más empleo, más innovación y, sobre todo, mayor justicia distributiva», argumentó Irarrázaval.
En la Pymepes aseguran que es la primera vez que ven a un subsecretario de Pesca y Acuicultura «libre de presiones, amistades y que no se le conocen negocios con las grandes pesqueras»; estas son -a su juicio- señales que se valoran y reconocen. «La ‘ley corta’ está dirigida al corazón de la ley de pesca, al título III, al lugar más intervenido por el lobby industrial y del cual el gobierno anterior fue un defensor encubierto. Por ello, valoramos este proyecto porque no le quita el cuerpo a lo más difícil de resolver: el regalo de la ley de pesca a los más grandes del sector», sostuvo Irarrázaval.
«Exigiremos igualdad de oportunidades y acceso a la materia prima para todos y no solo para los más grandes, especialmente en tiempos en que los grandes han dañado la legitimidad de la ley con platas negras y blancas, tras lo cual se les entregó las tajadas más grandes de la torta y a las pymes se les hizo competir por las migas de las migas», añadió.
Más adelante, dijo esperar que los reglamentos puedan comenzar a discutirse «desde ya para las licitaciones que se van a celebrar este año y se nos permita competir en serio, porque no queremos nada más que competir, siempre hemos sido un sector competitivo, competimos por los mismos mercados y elaboramos los mismos productos que las grandes pesqueras, pero ahora competiríamos por lograr la asignación de licencias que no es otra cosa que la materia prima de nuestra actividad, que tanto grandes como pequeños requerimos para nuestra estabilidad y proyección».
Para cerrar, adujo que hoy la ley permite una integración vertical del sector industrial, a diferencia de otros países pesqueros, donde esta se prohíbe a fin de estimular la creación de más y mejores empresas, promover la competencia, la eficiencia en los procesos y la búsqueda del mayor bienestar posible para todos.
«En nuestra industria pesquera una empresa puede capturar, procesar y comercializar la materia prima capturada, lo que resta oportunidad de crecer a quien no cuenta con acceso a la materia prima. Actualmente, la fracción industrial está concentrada en unas pocas grandes empresas, las cuales tienen el poder para limitar el acceso a materias primas a pequeñas y medianas empresas del rubro, destruyendo así la capacidad de los emprendedores de nuestro país, lo que repercute en una distorsión completa de la actividad, asfixia a los chicos y genera menos poderes de compra a la pesca artesanal, quienes sufren la fijación de los precios de sus recursos por las empresas dominantes que a su vez manejan y distorsionan precios en los mercados de destino. Así lo estamos sufriendo desde que se promulgó la ley de pesca, llevando a las pymes al absurdo de importar pescados desde África y Asia para poder trabajar, en un país pesquero que ofrece tantas oportunidades, pero no para todos, solo para los que pagaron campañas y financiaron a la política como ha ido demostrando el ‘Caso Corpesca’ y la ‘Causa Otras Pesqueras’. Afortunadamente esta situación puede y tiene que cambiar», concluyó el representante de la Pymepes.
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