La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó por unanimidad -este miércoles 25 de octubre- el proyecto de ley que moderniza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). La propuesta otorga nuevas herramientas a este organismo público para combatir la pesca ilegal mediante una mayor fiscalización y una adecuación de las infracciones y sanciones dispuestas por la actual la ley de pesca, que castiga con altas multas la fase de extracción, lo que afecta principalmente a la pequeña pesca artesanal, pero no castiga al resto de involucrados en la cadena de comercialización ilegal de los productos.
El senador Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Pesca, sostuvo que el proyecto aprobado «quedó bastante mejorado», sobre todo en cuanto a la rebaja de las sanciones a la pesca artesanal.
«No había relación en las sanciones que eran prácticamente semejantes para industriales y pescadores artesanales. Esto se ha mejorado sustantivamente, porque respecto a sanciones y fiscalizaciones hay una mejora muy grande. Quedé bastante conforme porque habiendo escuchado a los dirigentes de la pesca artesanal, evidentemente que muchas de sus aprehensiones han quedado solucionadas en este proyecto», afirmó el legislador.
En ese sentido, Quinteros explicó que hoy existen muchas personas no inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) pero que subsisten de la pesca y las multas en estos casos serán acorde con su condición social. «Hoy día, algo que no estaba contemplado, es una sanción no monetaria, una amonestación, incluso las multas son apelables; el juez puede cambiar penas -si (el infractor) no tiene los recursos- por trabajos comunitarios. Yo digo que se lea bien, sobre todo a los dirigentes porque es un muy buen proyecto para defender a los pescadores artesanales», enfatizó el congresista.
De igual manera, se refirió a la necesidad de modificar la polémica «Ley Longueira».
Rol fiscalizador
El director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, valoró este avance en el proyecto de ley y dijo que hace justicia respecto a las sanciones contra la pesca ilegal porque, según explicó, «la ley hoy tiene un desbalance y todas las sanciones están centradas en la captura, el extractor; por ejemplo, en un caso que hay 7.000 toneladas de harina ilegal tiene una multa máxima de $13 millones. Si esto lo llevamos a materia prima y lo pescara uno o muchos pescadores la multa sería de $452 millones, entonces eso demuestra el desbalance que hay en nuestra legislación y que queremos corregir bajando (la multa) en el mundo de la extracción y subiéndola en el mundo que está posterior a la captura», precisó.
La autoridad de Pesca y Acuicultura destacó además el reconocimiento que este proyecto hace al trabajo funcionario, dignificando la labor del fiscalizador y permitiendo además la reincorporación al Servicio de la tarea de certificar los desembarques pesqueros, lo que significará el ingreso de 250 nuevos funcionarios.
Tras esta aprobación, la propuesta legislativa deberá ser revisada por las comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado.