Hasta la plaza Independencia de la ciudad de Concepción llegaron los pescadores artesanales de la región del Biobío para manifestarse en contra de la ley de pesca y de las modificaciones que actualmente se están discutiendo en el Congreso, como lo es el proyecto de modernización y el Plan de Reducción del Descarte.
«La ley de pesca nos está dejando en la calle, por esto debe ser anulada. Actualmente se están discutiendo temas puntuales que nos impedirán trabajar y, por lo tanto, dejarán a mucha gente cesante. Este no es un problema de la región sino un tema país, por eso todos debemos hacernos parte», enfatizó el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío (Fedepes), Rosendo Arroyo.
El problema radica, para los hombres de mar, en que la autoridad pesquera mantiene un trato desigual entre los artesanales y la industria. Es que desde que se la aprobó la denominada «Ley Longueira», los pescadores han debido experimentar una disminución constante de las cuotas de captura, el aumento de las restricciones y exigencias; «realidad contraria a la de la industria, que tiene permiso para desplazarse libremente por todo el territorio nacional», argumentó Arroyo, para quien este escenario ha contribuido al empobrecimiento de las caletas y comunas que se sustentan mayoritariamente mediante los recursos del mar.
Así es el caso de Lota, Coronel y Lebu. Por eso, este lunes 25 de septiembre las mujeres y hombres de mar, acompañados de sus respectivos alcaldes y de los diputados de la región Clemira Pacheco, Marcelo Chávez y Manuel Monsalve, decidieron manifestarse para exigir que la ley sea derogada.
Así lo dejó en claro el alcalde de Lota, Mauricio Velásquez, quien recalcó que «aquí hay un problema político que está perjudicando a los pescadores. En Lota son 3.000 los hombres de mar que se están viendo afectados y esto va de mal en peor. El desempleo está avanzando a pasos agigantados».
En esas cifras profundizó el concejal de la comuna Cristián Ramírez, quien aseguró que «más del 40% trabaja en la pesca, otro resto en programas de mejoramiento del empleo y de las ferias. Por lo tanto esta situación es grave, es de suma urgencia derogar esta ley que nació corrupta».
Los jefes comunales coincidieron en la importancia de respaldar conjuntamente a los artesanales y así «exigir que el ministro de Economía (Jorge Rodríguez Grossi) reciba a las partes vinculantes, a las autoridades comunales y pescadores», destacó Boris Chamorro, edil de Coronel.
Reineta
En lo que respecta a la firma de la resolución de la reineta como especie migratoria, el dirigente de la Flota de Lebu, Melchor Celedón, exigió que «el Gobierno respete los acuerdos y lo estipulado por la Convemar en 1997. Nosotros estamos encerrados en nuestra región y no salir a pescar significa no llevar el sustento a nuestras familias».
Para el alcalde de Lebu, Cristián Peña, lo que está «haciendo el Gobierno es inaceptable porque está demostrado técnica y jurídicamente que la especie es migratoria. Los pescadores se reunieron con el ministro del Interior (Mario Fernández) y con el subsecretario de Pesca y Acuicultura (Pablo Berazaluce), donde se acordó construir una mesa de trabajo, cosa que cumplimos durante tres jornadas, y se fijó que en la próxima reunión se firmaría la resolución y hasta esta fecha eso no ha sucedido».
Ante los hechos, el diputado Manuel Monsalve sostuvo que llegarán al Tribunal Constitucional «para demostrar que el ministro de Economía está actuando fuera de la ley, porque en la normativa está estipulado que la especie es migratoria».
Para cerrar, los pescadores artesanales comentaron que se mantendrán atentos y manifestándose en la medida que el Gobierno continúe sin responder a sus demandas.