Solicitar al Presidente de la República dictar un instructivo orientado a los servicios públicos de la región de Aysén para que en las bases de licitación de suministro y prestación de servicios se establezca una bonificación en puntaje para las empresas o personas oferentes de servicios al Estado, que consideren la contratación de un porcentaje de trabajadoras/es domiciliados y residentes de la región, es el objetivo de la resolución 669 aprobada en la Cámara de Diputados por 130 votos favorables y ocho abstenciones.
En la resolución se sostiene que, muchas empresas, cuando ejecutan obras de gran envergadura, contratan personas de otras zonas del país, llevándose la mayor parte de sus ingresos a los lugares de donde estos trabajadores provienen, en desmedro de los habitantes de Aysén, que finalmente no se ven beneficiados con un aumento en el consumo de bienes y servicios por parte de las personas foráneas.
Por el contrario, se considera que una persona que vive y trabaja en la región de Aysén impulsa la economía local, ya que con el producto de su trabajo contribuye al desarrollo económico local y con sus ingresos favorece el intercambio de bienes y servicios en la zona.
Se indica que, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a nivel regional hay 62,49 miles de personas ocupadas, de ellas, 18,80 miles de personas se encuentran ocupadas en la informalidad (30,1%). Ello se traduce que, a nivel regional, de cada tres personas que están ocupadas, una se desempeña en la informalidad.
La propuesta fue presentada por René Alinco (IND), Jenny Álvarez (PS), Miguel Ángel Calisto (DC) y Jaime Mulet (FRVS).