Dos semanas luego de llevarse a cabo la subasta de Licencias Transables de Pesca (LTP) clase B para el jurel, se conoció una resolución emitida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en la que indica que se iniciará un proceso de invalidación de las aperturas de ofertas económicas para la pesquería de jurel entre las regiones de Valparaíso y de La Araucanía; proceso que se inicia luego de conocerse el caso de la armadora lotina Paola Poblete, cuyas ofertas, válidamente emitidas, no fueron consideradas porque estaban mal rotuladas. No obstante se trataba de otros sobres, mientras que los de ella figuraban extraviados.
Frente a la situación y a la desprolijidad del proceso, la dirigenta de Coliumo, vocera de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Fedepes Biobío) y secretaria nacional de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Sara Garrido, manifestó su posición: «En mi calidad de dirigenta nacional, no me queda más que lamentar lo ocurrido en la subasta del jurel. Un vez más vemos vulnerados derechos de pescadores artesanales y se atropellan las oportunidades de los pescadores. Se nos dijo que la subasta y la licitación iban a ser una opción para participar como otro oferente más, y una alternativa a sumar a las cuotas cada vez más reducidas de los recursos, pero vemos que hay una falta de transparencia, falta de idoneidad de la institución ante un proceso tan importante para el sector. Estas irregularidades no pueden ocurrir».
Así, agregó, «una vez más queda la desconfianza en cómo la institución hace las cosas y que la licitación, como oportunidad para el sector pesquero artesanal, no es ninguna. Si los pescadores no tienen un gran respaldo económico, que son parte de la garantía, no tienen posibilidad alguna de presentar ofertas. Ningún pescador artesanal tradicional puede participar del proceso, porque no hay cabida para ellos en términos de recursos».
La irregularidad sucedida generó importantes perjuicios a los pescadores adjudicados con lotes en la región del Biobío, ya que podrían perderlos al invalidarse el proceso. Así es el caso de Pedro Irigoyen, de la empresa Iripesca Ltda. de Talcahuano, quien en la subasta se adjudicó lotes por 3.500 toneladas para la extracción de jurel en el Biobío, única región donde se desempeña.
Con lo ocurrido, explicó, no sabe el destino de los lotes que se adjudicó, y tampoco puede hacer uso de ellos. Eso significaba la forma de subsistir para su empresa y su familia. «La incertidumbre nuestra es que no se entiende nada de lo que pasó en el proceso, donde un ministro público declara errores una semana después de realizada la subasta y la Subsecretaría dice que se equivocó. Esto genera un mando de duda respecto a lo ocurrido con la apertura de los sobres, ¿qué pasó? ¿alguien no hizo su trabajo bien? ¿nadie se dio cuenta?», cuestionó el pescador.
Por eso es que manifiesta confiar en el proceso y en las actas emitidas luego de la subasta. «El acta de la subasta está certificada, supervisada y ratificada por un notario. Tengo la obligación de creer en el proceso, y que lo que declara el acta es correcto. Por eso presentaremos un recurso para echar atrás esta solicitud de invalidación, porque creemos que la estructura de la subasta es correcta y que el proceso debió cerrarse allí. La invalidación de la apertura de los sobres no puede ser», finalizó el pescador.
Una situación similar vive Enrique González, representante de una planta procesadora de Lota, y que junto con la empresa EGS Brama Australis Sea Food, se adjudicó 2.600 toneladas en la región del Biobío. «Considero que la licitación es intransable. Aquí hay un error de la Subsecretaría, que se produjo en un acto público como lo fue la subasta, y que deben arreglar. Nosotros no tenemos por qué pagar por ese error, y Paola (Poblete) tampoco por la pérdida de sus sobres», manifestó González.
«Todos los oferentes cumplieron con sus requisitos, y había un gran grupo de personas revisando el proceso, incluyendo un notario. Por tanto, vamos a ejercer todas las acciones y recursos necesarios, llegando hasta la última instancia para mantener los lotes adjudicados, que son un derecho adquirido. La Subsecretaría debe ver cómo resolverá este tema», declaró.
González afirmó que intentó comunicarse con la Subpesca, pero que no obtuvo respuesta en relación a qué pasará con sus lotes o cuándo habrá alguna respuesta del proceso, por lo que se mantienen en incertidumbre.
En tanto, para Sara Garrido la postura es clara: «Tanto Fedepes como Conapach siempre hemos pedido que el excedente de los recursos llegue directamente a los pescadores artesanales, más aún cuando el 90% del jurel está en manos de la industria. Está claro que la institucionalidad pesquera no juega para el sector artesanal. La Conapach se opone a una licitación y creemos que estos mecanismos tienen que desaparecer en una nueva ley de pesca. No pueden existir si no benefician a los pescadores artesanales».