(El Mostrador) Se trata de la licitación más grande de un recurso marino desde que entró en vigencia la ley de pesca, promulgada en la administración de Sebastián Piñera. Y ocurre en momentos en que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se ha enfrentado públicamente al escepticismo de los pescadores artesanales, quienes no creen que logre implementar mejoras relevantes a la también llamada «Ley Longueira».
En la cuenta pública de este año, Bachelet había anticipado una serie de mejoras a la ley, sin embargo, en una visita efectuada a la región de Los Lagos hace solo unas semanas, enfrentó a organizaciones de pescadores artesanales que cuestionaron sus promesas a partir de cierta información que apuntaba a que el ministro de Economía, el recientemente asumido Jorge Rodríguez Grossi, no tendría entre sus prioridades implementar cambios a la sonada ley.
En medio de este contexto, el Gobierno ya inició una licitación para la captura de casi 50.000 toneladas de jurel a lo largo de Chile, siendo el proceso de subasta más importante realizado hasta ahora.
El 30 de octubre, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pequeñas y medianas empresas (pymes), para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y 6 de diciembre.
Las razones de porqué la licitación se inicia en este momento, dicen relación con las conclusiones del comité científico de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), ente que monitorea la pesquería del jurel a nivel regional y que concluyó que el jurel había alcanzado niveles adecuados para su explotación, luego de que registrara un nivel de 100% de su punto biológico del rendimiento máximo sostenible (RMS).
Una ley no discrecional
Según explican desde el Ejecutivo, la obligación que tiene la Subpesca es que se ejecute la ley más allá de su legitimación y, en este caso, el dato que arroja el comité científico de dicha organización no es discrecional. Es decir, «el comité científico técnico entrega un dato que establece su licitación, no hay espacio para interpretación», afirman desde la subsecretaría.
La misma ley, en su artículo 27, establece que «en los casos que una determinada pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al 90% de su rendimiento máximo sostenible, se iniciará un proceso de pública subasta de la fracción industrial de la cuota global de captura».
En este caso, el jurel, al alcanzar el 100%, permite una licitación del 15% de su cuota industrial. Este 15% equivale a unas 49.500 toneladas, cuyo valor FOB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») debiera estar en torno a los US$35 millones, cifra que sirve solo como referencia para los ingresos que debieran percibir aquellos que se adjudiquen la cuota. Esto, pues los beneficios para el fisco se desprenderán de esta actividad económica y dependerán de las utilidades o la figura jurídica de los adjudicatarios, entre otros aspectos. Hasta ahora no es posible calcularlo.
Si bien en el Gobierno estiman que la actual ley de pesca requiere mejoras, advierten que este tipo de subastas se viene desarrollando desde 1992, puesto que, anteriormente, este mecanismo de licitaciones existía pero a menor escala y sin considerar a las grandes pesqueras.
Precisamente los cambios en el artículo 27 incorporan a las grandes pesqueras en procesos de licitación. Antes, los adjudicatarios podían ser empresas u organizaciones en desarrollo incipiente, ya sea artesanales o industriales; y pesqueras en fase de recuperación.
Por ello, en el Ejecutivo creen que este tipo de mecanismos de subastas funciona adecuadamente. Lo malo está en los plazos que tienen los adjudicatarios para explotar el recurso, ya que la actual ley de pesca establece un periodo de 20 años y condiciones de renovaciones laxas.
Estriban en estos puntos las mejoras que ha venido trabajando la Subpesca y hoy estas descansan en el ministerio que dirige Rodríguez Grossi, sobre quien existe escepticismo de que impulse modificaciones.
A fines de octubre este dijo tener una agenda llena y, considerando las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, no habría disponibilidad del Congreso para discutir cambios. «Hay un problema de tiempos y disponibilidad que tenemos que manejar bien», dijo a fines de octubre en Radio Bio-Bio.
Licitaciones previas
Con este panorama, hoy la principal misión del Gobierno es difundir este nuevo proceso de licitación para sumar la mayor cantidad de interesados. En regiones ya se han hecho presentaciones al respecto.
Esto, porque en las anteriores subastas el Ejecutivo ya ha considerado a empresas pequeñas como adjudicatarios preferentes ante la gran industria. En 2015 se licitaron pesquerías de sardina común y crustáceos (camarón nailon, langostino amarillo y colorado). Y en 2016 anchoveta en las regiones de Atacama y de Coquimbo.
«Lo que preocupa es asegurar la oportunidad en el acceso. Más que el ingreso al fisco», dicen desde el Gobierno.
Por ello, en los procesos anteriores, se dio acceso preferencial a las pymes, incluso motivando un proceso de judicialización con la gran industria.
El modelo implementado hasta ahora busca resguardar a las Empresas de Menor Tamaño (EMT-Pyme) por la vía de reservas de cierto porcentaje de la pesquería subastada para su uso exclusivo. Sin embargo, ello motivó que en 2015 hubiera una impugnación por parte de un «incumbente», precisamente por el trato preferencial que se les dio a las empresas de menor tamaño.
En las subastas de 2015 y 2016, las EMT quedaron con alrededor del 30 y 40% de adjudicación, mientras que el resto quedó en el segmento de todo oferente, en el cual sí participan las grandes empresas e interesados en general.
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