Un total de cuatro talleres consultivos realizó la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Los Lagos. Estas son actividades de participación, en el marco del proceso de evaluación nacional de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que pretenden entregar en el último trimestre de este año la propuesta del Gobierno sobre modificaciones a la presente normativa legal.
El director zonal de Pesca y Acuicultura, Juan Gutiérrez, destacó que «dentro de los encuentros realizados –por separado– con el sector pesquero artesanal, industrial y comunidad académica y científica en las ciudades de Puerto Montt y Castro (provincia de Chiloé) se trabajó en una primera etapa la identificación de las principales problemáticas que presenta hoy la actividad, para luego avanzar en las propuestas de solución».
«En el encuentro con organizaciones de pesca artesanal hubo un gran interés por abordar el actual Registro Pesquero Artesanal (RPA) y su operación. Asimismo, avanzaron en la temática sobre la institucionalidad proponiendo la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura o Ministerio del Mar, entregando a su vez mayores atribuciones a los comités de manejos junto con mayores recursos para investigación de las especies marinas», detalló Gutiérrez.
Durante el taller con representantes del sector industrial, los participantes recomendaron, como principio de la LGPA, la utilización del enfoque ecosistémico recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), junto con considerar una mirada integral en términos de investigación y administración pesquera.
Igualmente, la comunidad académica y científica de la región planteó en el marco de los principios de la LGPA, la necesidad de incorporar el máximo de investigación disponible (público y privado), asimismo de explicitar la seguridad alimentaria como uno de los ejes de la ley.
En cuanto al trabajo de los comités de manejo y comités científicos técnicos, los participantes propusieron la creación de un presupuesto anual para el funcionamiento adecuado de ambos organismos -para asegurar un trabajo continuo en la administración de los recursos- y la incorporación de profesionales de otras áreas (económica y social) para el desarrollo de las pesquerías.