Sebastián Piñera rindió el pasado viernes 1 de junio la primera Cuenta Pública de su segundo mandato como Presidente de Chile y, en materia acuícola-pesquera, solo destacó la «reforma de la Ley de Pesca, que corrige deficiencias, eliminando la renovación permanente de las concesiones, y reemplazándola por licitaciones transparentes y equitativas». Esto, en alusión al proyecto de «ley corta» enviado por el Ejecutivo al Congreso.
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Esa propuesta, que ingresó a través del Senado, contempla modificar el régimen de licencias transables de pesca (LTP) industrial una vez que culmine la vigencia de estas, es decir, en 2032.
Mediante la iniciativa se pretende «perfeccionar la ley de pesca para asegurar un acceso más equitativo a nuestra riqueza pesquera», sintetizó el mandatario.
La norma, que Piñera se comprometió a modificar durante la campaña presidencial -tras acuerdo con el senador Manuel José Ossandón-, contempla en la actualidad la renovación automática de las LTP por otros 20 años y así sucesivamente.
Consultados por AQUA, los dos principales gremios de la pesca industrial del país utilizaron el concepto de «certezas» al momento de analizar la Cuenta Pública. «Como Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) estimamos que el discurso presidencial dio cuenta de hechos ya conocidos para el sector, como es el ingreso al Congreso de la ‘ley corta’. Sin embargo, lo que más nos llama la atención como industria es que, para otras áreas de la economía, el discurso presidencial fue enfático en enumerar medidas y anuncios que buscan generar condiciones favorables para el crecimiento económico, la inversión y la competitividad, estableciendo certezas jurídicas para el desarrollo de actividades económicas. Mientras que para la pesca, se mantiene un discurso que va en la dirección opuesta, con anuncios que frenan la inversión, que tendrán impacto en la productividad y en los empleos que da la pesca. Nuevamente, se nos mide con una vara distinta que a otros sectores», argumentó el presidente de la Sonapesca, Osciel Velásquez.
Por su parte, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), frente a los dichos de Piñera que la «reforma de la Ley de Pesca corrige deficiencias, eliminando la renovación permanente de las concesiones, y reemplazándola por licitaciones transparentes y equitativas», adujo: «nuestro sector entregó en 2012 sus permisos indefinidos por autorizaciones a 20 años renovables (licencias transables de pesca), favoreciendo la competitividad del sector industrial a través de autorizaciones transables, transferibles y divisibles. Lo anterior generó certezas y condiciones propicias para el desarrollo sustentable en el largo plazo. Es así como Chile se ha convertido en un socio comercial confiable, que se ha ido posicionando en la industria de alimentos y esperamos que estas reformas permitan a Chile consolidarse como potencia alimentaria y no destruir el trabajo que se ha desarrollado responsablemente en base a condiciones jurídicas que hoy se ven amenazadas».
Sobre la frase que el gobierno busca «perfeccionar la Ley de Pesca, para asegurar un acceso más equitativo a nuestra riqueza pesquera», la Asipes dijo esperar que el «perfeccionamiento» apunte a los «problemas reales» del mundo pesquero. «Nosotros queremos mejoras que ‘suban a los patines’ a todo el sector, favoreciendo el crecimiento, la competitividad y la inversión. Por ejemplo, la actual Ley de Pesca separa a los más de 100.000 trabajadores artesanales del Código de Trabajo, quienes no tienen cotizaciones de salud, pensiones ni indemnizaciones. También creemos que es urgente combatir la pesca ilegal, aumentar la investigación y los recursos financieros para mejorar la toma de decisiones en administración pesquera. Todo lo anterior necesario para un desarrollo sustentable de la actividad», concluyó el gremio presidido por Macarena Cepeda.
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