Por 32 votos a favor y dos en contra, el Senado aprobó el último informe del proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que fortalece las facultades y el rol fiscalizador de esta entidad pública, situándola a la vanguardia a nivel mundial en materia legislativa y de control para el combate de la pesca ilegal y el cuidado de los recursos marinos. Tras esta instancia, el proyecto queda ad portas de convertirse en ley.
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«Esta ley reconoce que la presencia del Sernapesca en la fiscalización para el combate a la pesca ilegal es fundamental y es un rol del Estado», enfatizó la directora nacional del Servicio, Alicia Gallardo, quien valoró que la nueva normativa «moderniza el Sernapesca, nos da más facultades y es un elemento clave para el combate de la pesca ilegal en Chile».
En el marco de esta normativa, el Servicio incorporará a 253 nuevos funcionarios, de los cuales 233 realizarán labores de certificación de desembarque in situ y otros 20 profesionales fortalecerán las labores de certificación de inocuidad de la pesca y acuicultura de productos de alta importancia para la exportación.
A su vez, incluye el uso de nuevas tecnologías para el combate a la pesca ilegal y sanciones más justas, proporcionales al nivel de impacto en recursos sobreexplotados o en colapso. «Incorpora sanciones más estrictas sobre este tipo de incumplimientos. Eso es relevante porque hace que el Sernapesca elabore un plan de fiscalización con foco en las actividades de mayor riesgo para la sustentabilidad», aseguró Alicia Gallardo.
Hitos
La directora nacional del Sernapesca destacó además que esta nueva normativa transparenta y hace pública la información del sistema de posicionadores satelitales de embarcaciones pesqueras -que es obligatorio en Chile y monitoreado por Sernapesca y la Armada-, incluyendo sanciones de presidio menor a quienes destruyan o alteren esta información.
Otro de los hitos de la normativa es la creación de un registro nacional de proveedores de recursos del mar y la tipificación de delitos que antes no estaban en la ley y que persigue aquellos procesos que suceden post captura en la comercialización, transporte y procesamiento de pesca ilegal, provocando un alto impacto económico y social en los recursos y en la actividad de pesca legal.
Finalmente, esta nueva ley reconoce la pesca de subsistencia, eximiéndola de sanciones. Este tipo de pesca -antes no visibilizada en la Ley General de Pesca y Acuicultura- corresponde a pescadoras/es, muchos de ellos vinculados a tradiciones ancestrales que no tienen aparejos de pesca, botes a motor y que usan su pesca para subsistencia familiar y lo que sobra lo comercializan de forma limitada.