La Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa) emitió este martes 21 de agosto un comunicado de prensa donde asegura que una de sus luchas reivindicativas ha sido el resguardo y la protección de los espacios destinados al desarrollo de la pesca artesanal. Y hoy, según las palabras de su presidente, Hugo Arancibia, esos espacios de uso exclusivo se ven amenazados por una serie de solicitudes de concesiones para instalar centros de cultivo de acuicultura, en particular de salmones.
«Hemos llevado nuestra alerta al propio Consejo Regional (CORE) del Biobío, ante la autoridad ambiental y la Seremi de Economía, que aún no son capaces de generar una reglamentación para esta actividad que genera grandes utilidades para los inversionistas. Junto con ello, hemos planteado al intendente regional que se permita hacer un estudio base para conocer las condiciones ambientales y económicas del borde costero para determinar el tipo de cultivos, el dónde, cuándo y a qué valor», explicó Arancibia.
A juicio del dirigente, el CORE tiene pocas atribuciones en esta materia. «Ellos no tienen facultades determinantes. Solo pueden manifestar su rechazo en una declaración pública, ya que la decisión, que si bien pasa por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) y la autoridad ambiental regional, de la que forman parte, tampoco es muy contemplada ya que la decisión finalmente de las concesiones son aprobadas por el Estado de Chile. La Seremi de Economía, por su parte, está facultada solo para recibir y escuchar a los inversionistas. Nada más. Entonces, en pleno agosto de 2018 nada se ha avanzado y parece que hoy descubrieron algo nuevo y la verdad es que nosotros estamos desde el 2014 con este tema, e inquieta esta falta de facultades y de voluntad político-económica de la autoridad sectorial», adujo el presidente de la Ferepa.
Más adelante, dijo que se «deben congelar las solicitudes de concesiones mientras no exista una reglamentación a nivel de todo el borde costero del país». Eso sí, reconoció que «la acuicultura, si se desarrolla de modo sustentable, no tiene porqué tener un efecto negativo».
En esta línea, argumentó que sustentable implica el uso de los recursos, pero protegiendo el medio ambiente y propiciando una mejor calidad de vida de las personas. «Esto significa que cualquier actividad de acuicultura, además de ser productivamente sustentable, debe presentar apoyo de las entidades que cuidan el medio ambiente y de las personas que se verían afectadas, en positivo y negativo, por la actividad productiva. Si una de las tres componentes no está de acuerdo, no es sustentable y el Estado no debería aprobar dicha actividad», subrayó Arancibia.