Más de US$300 millones se transan en Chile por concepto de pesca ilegal; esto, según estimaciones del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Así lo precisó el director nacional de dicho organismo de Estado, José Miguel Burgos, quien destacó la importancia del llamado realizado el pasado martes 27 de marzo por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, para agilizar la tramitación del proyecto de modernización del Sernapesca –hoy en trámite en el Senado- y que, entre otros aspectos, tipificará como delito la pesca ilegal.
«Este es un negocio en Chile que en las principales pesquerías donde hay ilegalidad estimamos alcanza los US$300 millones anuales, por tanto no estamos hablando de la actividad que realizan los pescadores o quienes están en primer nivel de extracción, sino que es un negocio que favorece a los eslabones al final de la cadena», explicó José Miguel Burgos, quien recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) sitúa la pesca ilegal como el tercer ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y drogas.
De acuerdo con cálculos del Sernapesca, al año alrededor de 320.000 toneladas de recursos pesqueros –casi 60% más de la cuota anual autorizada- son extraídos ilegalmente en algunas de las principales pesquerías: merluza común, merluza del sur, pesca pelágica (sardina/anchoveta) y algas pardas.
En el caso del loco, que es un recurso que se encuentra en estado crítico, el desembarque anual bordea las 2,7 toneladas, pero cerca de 1.000 toneladas más se extraen mediante pesca ilegal y robos en áreas de manejo de organizaciones pesqueras, con ganancias ilícitas que bordean los US$5 millones.
Burgos enfatizó que toda esta ilegalidad «es tremendamente perjudicial para los pescadores que, haciendo la pesca legal y un esfuerzo importante para conservar sus recursos, compiten con otros de menor precio en una injusticia». A su vez, subrayó en la evasión tributaria que hay detrás y el riesgo de estos productos clandestinos, «que incumplen las normas mínimas sanitarias donde en nuestras fiscalizaciones vemos transporte en pésimas condiciones, doble fondos, pescados con muchísimos días desde que se extraen hasta que se venden; lo que es un grave riesgo».
Delito
Durante 2017, el Sernapesca ejecutó más de 200.000 fiscalizaciones e incautó 2.238 toneladas de recursos ilegales; previo a Semana Santa, en tanto, realiza más de 450 controles en 50 puntos carreteros, zonas de pesca, desembarque y terminales para el control de la pesca ilegal, sin embargo, la autoridad reconoce la urgencia de fortalecer el aparato de control y sancionatorio contra este negocio ilícito.
«En el proyecto de ley lo que estamos haciendo es generar sanciones en la post captura, es decir, ahí estamos sancionando y ahí se establecen la figura de delito. Esto va a permitir que la Fiscalía pueda intervenir, investigar estar redes, y tengamos herramienta para desbaratarlas», adujo José Miguel Burgos.
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Para cerrar, dijo que existen grupos de interés que sostienen que este proyecto busca matar la pesca artesanal, «y esta iniciativa es en sentido contrario, porque con este proyecto estamos protegiendo a pescadores que cuidan sus recursos, y las sanciones se redirigen a quienes promueven este negocio ilegal de US$300 millones a costa del esfuerzo de pescadores artesanales».
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