No hay dudas de que, con la entrada en vigencia del Convenio 169 en Chile en 2008 y la posterior promulgación de la Ley 20.249 que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO o Ley Lafkenche), se terminó entregando una herramienta legal a los pueblos indígenas que les permita solicitar al Estado el reconocimiento de dichos espacios costeros marinos en base al uso consuetudinario. Sin embargo, también comenzó a cambiar la forma en que actuaban las industrias que desarrollan sus actividades -o parte de estas- en el mar.
«Antes de la ley, y con permiso del Estado, las empresas llegaban acá y hacían lo que querían, incluso contaminando las aguas y los recursos marinos con que nos alimentamos», dice de entrada Armando Montecinos, vicepresidente de la Comunidad Coihuín del sector de Molulco, ubicada en la comuna de Quellón (región de Los Lagos), y que congrega a 328 personas inscritas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Y es que, a pesar de que la Ley Lafkenche no los deja del todo conformes, «ya que es burocrática y debemos pagar altos montos para que reconozcan algo que nos pertenece ancestralmente», apunta Montecinos, el dirigente recalca que con la nueva normativa «las empresas no tienen otra opción para poder ingresar a una comunidad. Antes de cualquier movimiento, sí o sí tienen que tener el visto bueno de las autoridades y gentes ancestrales».
Precisamente, esta fue la vía elegida por el proyecto que busca construir en la zona la Ecopiscicultura Estero Compu, cuyos representantes, Pedro Santana y Aldomar Urrutia, antes de realizar cualquier movimiento de tierra o papeleo frente a las autoridades, primero buscaron la aceptación y apoyo de toda la comunidad, «gestiones que tardaron unos seis meses y varias reuniones, primero con los dirigentes, y luego con toda la comunidad», puntualiza Santana.
Por su parte, el representante del Consejo de Ancianos de la comunidad, Pedro Guenteo, recordó que «nos costó llegar a un acuerdo, ya que tardamos en comprender el impacto que tendrá en la comunidad Huilliche y, luego, en el mar. Pero, finalmente, conocimos de su tecnología de avanzada y acordamos que trabajaremos de forma constante y conjunta para evitar que no se contamine nuestro sector».
«Ese es nuestro compromiso con la gente y con el ambiente, estamos buscando la mejor tecnología, que nos de las mayores garantías de desarrollar una piscicultura verdaderamente sustentable, que vaya más allá de la exigencia normativa actual», complementa Santana.
Nuevo trato
El representante del Consejo de Ancianos recalca que, luego de la publicación de la Ley Lafkenche, «vemos que las empresas deben acercarse a las comunidades antes de efectuar cualquier ejercicio en terreno o en el mar. Conversando en términos de respeto, y cumpliendo ciertos requisitos, todo es posible. Estamos hablando de un nuevo trato», puntualiza Guenteo.
En relación con los requisitos, Montecinos especifica que «no aprobaremos iniciativas que contaminen el entorno, que no cuenten con un programa de fiscalización constante donde también participemos o que no dejen nada en la comunidad».
Para hacerse una mejor idea, Montecinos ejemplifica la situación que vive su comunidad Huilliche con la aprobación de la Ecopiscicultura Estero Compu. «En primer lugar, esta infraestructura se desarrollará en el predio privado de alguien de confianza para la comunidad. No es que tengamos las puertas abiertas a todos. Pero, además de acordar constantes análisis de la calidad del agua que llega al mar, también entregará fuentes de empleo, entre otros aspectos. Tiene que quedar algo para la comunidad», enfatiza.
Para quienes desean iniciar un proyecto industrial en zonas ECMPO, Aldomar Urrutia recomienda conversar con la comunidad, «sensibilizar, dar a conocer en detalle la iniciativa, hacerles ver que el desarrollo es muy importante y necesario para el tema laboral y crecimiento de las comunidades, pero que esto no se puede basar a costa del medio ambiente ni del área de influencia o de las personas. En la medida que los proyectos sean sustentables y contemplen el respeto y cooperación permanente con la comunidad en el tiempo, los proyectos serán viables».
Como ejemplo de acuerdo y viabilidad, en el caso de este proyecto, la comunidad ha renunciado a un área específica, dentro de su ECMPO en trámite, para que Acuícola Milla Chaywa tramite y obtenga concesiones marítimas necesarias para la operación de su piscicultura.