A continuación reproducimos una columna de opinión de la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, que fue publicada este miércoles 25 de octubre en Diario Financiero:
«Preocupación existe en el sector pesquero industrial de la región del Biobío por los alcances y aplicación de la Ley 20.949, conocida como ‘Ley Lafkenche’. En ningún caso esta preocupación tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios a que el Estado reconozca espacios costeros de uso tradicional donde ellos han ejercido ancestralmente. La inquietud de los pesqueros industriales, así como la que han manifestado otros gremios, radica en la aplicación y tramitación a la que obliga esta legislación.
La Ley 20.249 busca regular los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs). Al respecto, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) indica que los ECMPOs ‘son espacios marinos delimitados, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). La delimitación necesaria está determinada por la superficie que asegure el ejercicio del uso tradicionalmente realizado’.
El espíritu de la ley es el adecuado, pues propone alcanzar un nivel de entendimiento con los pueblos originarios, consecuente con las normativas de los tratados internacionales ratificados por Chile. Sin embargo, los problemas han surgido en la puesta en práctica de la normativa.
Hasta agosto de 2017 ya suman más de 70 solicitudes de comunidades indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre una superficie de 3,3 millones de hectáreas de zonas costeras entre las regiones del Biobío y la de Magallanes. Aquí radica uno de los problemas: no existen límites establecidos para la superficie de una solicitud, lo que ha permitido peticiones de terreno desproporcionadas. También se ha revelado la ausencia de criterios para acreditar el uso consuetudinario de un territorio y estándares objetivos a fin de evitar el ingreso de solicitudes sin sustento.
Lo que más preocupa a nuestro sector, tiene que ver con el proceso de tramitación de estos requerimientos, pudiendo durar entre cinco y diez años, debido a la larga lista de instituciones que participan de él. Durante este lapso se congela globalmente la tramitación retrasando el desarrollo e inversiones. Las empresas ubicadas en la costa que son titulares de concesiones marítimas y cuentan con los respectivos permisos sectoriales se ven enfrentadas a una incertidumbre mayor al planificar una ampliación productiva, dado que al modificarse las condiciones de ese acceso al mar puede operar la ‘Ley Lafkenche’, con las complicaciones antes descritas que echarían por tierra este proyecto de inversión.
Esperamos que la autoridad y los legisladores hagan los ajustes necesarios a la normativa a fin de que mantenga las prerrogativas para proteger los espacios ancestrales de los pueblos originarios, pero que también salvaguarde el desarrollo del país».