(El Ciudadano) En alerta se mantiene el werkén de la Comunidad Mapuche Williche Pepiukelen de Pargua, Francisco Vera Millaquén, por la aplicación de la Ley N°20.249, más conocida como «Ley Lafkenche». Sus inquietudes responden a las recientes solicitudes de borde costero marino realizadas por comunidades indígenas del sur del país y que se encuentran regidas por la normativa.
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Esta legislación data del año 2008 y permite la asignación de una superficie del borde costero marino a una comunidad indígena o asociación de comunidades indígenas que ejerzan uno o más usos consuetudinarios en dicho espacio en forma habitual, por la generalidad de sus integrantes, y sean reconocidos colectivamente como manifestaciones de su cultura.
En este sentido, el texto legal crea una unidad llamada Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), cuya entrega es gestionada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con el fin de que una comunidad o una asociación de comunidades pueda administrarla (pero sin poseer su propiedad).
Justamente, en el último mes se conoció la petición de 15 comunidades de la provincia de Llanquihue por un ECMPO que cuenta con más de un millón de hectáreas, situado entre Punta Coronel en Pargua y Rolecha.
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Quien lideró la solicitud fue el lonko Eric Vargas Quinchaman. «Hicimos uso del derecho de una ley y todo lo que se ha levantado es ficticio (…) Nadie puede poner en duda nuestros derechos ancestrales», dijo la autoridad a El Mercurio.
Sin embargo, el werkén Vera Millaquén criticó la posición adoptada por el lonko, a quien acusa de ser «uno de los primeros en levantar la voz en contra de esta ley». Según la versión del representante de la comunidad williche Pepiukelen, en un encuentro de difusión de la normativa dijo que «era una nueva burla hacia los pueblos indígenas y que no servía para nada».
«Hoy aparece utilizando esta misma ley, supuestamente para proteger el mar, solicitud a la que nos oponemos no por lo extensa, sino por la forma en que se llevó a cabo pasando por encima de todas las costumbres y normas ancestrales de respeto a los demás territorios y sus respectivos representantes», alegó Francisco Vera Millaquén.
Finalmente, la Subpesca declaró como inadmisible esa petición.
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Sin explicación en Calbuco
El portavoz de la comunidad de Pepiukelen también apuntó a «otro grupo de dirigentes, ahora en Calbuco, que igualmente han desacreditado esta ley». Según dice, ellos levantaron una solicitud por «todo el borde costero de Calbuco», pero las comunidades contrarias a esa idea no habrían podido manifestar sus reparos, puesto que –denuncia– fueron excluidos de una reunión realizada el pasado 28 de agosto.
«Estos procesos, hechos por grupos casi sectarios, más que ‘resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero’ (Art. 3 ‘Ley Lafkenche’), vienen a ser una verdadera amenaza para la propia ley y su objetivo central, y una amenaza a un derecho que no fue regalado por el Estado, sino que conquistado con muchos años de lucha por el pueblo mapuche, y entregado a todos los pueblos indígenas de Chile», sostiene Vera Millaquén.
Otro antecedente citado por el werkén se refiere a una reunión que habría convocado el alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, para el 22 de agosto, cuyo objetivo era –según apunta Vera Millaquén– «informar a las comunidades de la comuna de la solicitud de Eric Vargas».
En esa instancia se habría acordado otra reunión para el 13 de septiembre, con el fin de preparar una solicitud de ECMPO de toda la comuna.
«Esto podría haber sido un buen punto de partida para un trabajo conjunto, sin embargo, al día siguiente y pese al acuerdo adoptado, el propio municipio convocó a varias reuniones con comunidades y finalmente acuerdan reunirse el lunes 28 con el mismo objetivo, pero contraviniendo completamente el acuerdo adoptado y con apoyo del propio alcalde, quien pese a habérsele advertido de lo peligroso de esta determinación que él apoyaba, no hizo nada y la reunión se llevó a cabo y es allí donde aparecen los seudos representantes de las comunidades de Calbuco mencionadas anteriormente», describe el portavoz de la comunidad huilliche.
Disputa con empresarios
Como si fuera poco, las comunidades tienen un nuevo flanco relacionado con los intereses empresariales de los gremios de la zona sur-austral de Chile. Esto porque una solicitud de ECMPO obliga a suspender la tramitación de las concesiones de acuicultura, marítimas o Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs).
La razón es que existe una preferencia legal en favor de las comunidades indígenas por sobre otros actores interesados en el mismo espacio. Además, dicha preferencia es independiente de la fecha de presentación de las solicitudes.
«Cuando hay preferencias de un sector sobre otro, lo que se genera es conflicto. Lo que se debe hacer es buscar mecanismos para generar acuerdos en que todos podamos ejercer nuestros derechos», subrayó el presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Felipe Sandoval, a El Mercurio.
A su vez, el presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), Rodrigo Rosales, manifestó al diario de los Edwards que hay «gran preocupación por la aplicación de la ‘Ley Lafkenche'». Esto, según argumentan, porque «en primer término, esta normativa no es consecuente con lo que establece la política nacional sobre el uso del borde costero, que dice que se deben armonizar los usos actuales con los usos futuros. Creemos que con la ‘Ley Lafkenche’ se está haciendo un desbalance con esa materia».
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De esta ofensiva empresarial está al tanto el werkén Francisco Vera Millaquén, quien aprovechó de comentar que saben «por experiencia propia que históricamente la industria salmonicultora no ha respetado la normativa ambiental vigente y si hoy quiere hacerlo debe dar muestras de ello antes de regalarle en bandeja nuestro mar y borde costero».
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