La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) confirmó mediante un comunicado de prensa que Chile, Panamá, Costa Rica y Perú conformaron la primera red en Latinoamérica y el Caribe contra la pesca ilegal. Esto, con el objetivo de intercambiar información y experiencias a fin de hacer frente de manera más eficiente a este ilícito.
Los cuatro países se adhirieron al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, reconocido como el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal.
«Uno de los principales desafíos en la implementación de acuerdos y tratados internacionales contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) es el intercambio de información entre países (…) y esta red es una respuesta directa ante ese desafío», enfatizó el oficial superior de Pesca y Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores.
Es que, según cifras del organismo de Naciones Unidas, cada año la Pesca INDNR suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que llega hasta los US$23.000 millones.
«Esta nueva red representa un gran potencial para enriquecer las experiencias de combate a la pesca ilegal de nuestros países y para hacer frente, como bloque, al problema de la pesca ilegal», comentó por su parte el representante de la Dirección General de Capitanías de Puerto de Perú, capitán Pedro Alarcón.
Y fue precisamente Perú el que asumió la secretaría técnica de esta red, que está conformada por las autoridades sectoriales de cada uno de los países miembros.
Desde la oficina regional de la FAO, cuya sede se encuentra en Panamá, complementaron que la red surge como respuesta a la solicitud que los países realizaron en junio pasado para apoyar la generación de un espacio de intercambio entre naciones que aplique el enfoque de fiscalización pesquera ampliada e integral.
En esa línea, destacó el ente internacional, una de las primeras acciones de la red «será generar un plan de cooperación técnica entre los países en materia de combate a la pesca ilegal. Para esto, los países participantes se comprometieron a iniciar el funcionamiento de la red a la brevedad e invitarán a otros países de la región que estén interesados a participar de esta iniciativa».
Carácter mundial
Por otro lado, la sede central de la FAO, cuya sede se encuentra en Roma (Italia), publicó que todos los países deberían sumarse al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), garantizando así, en palabras de su director general, José Graziano da Silva, «que este histórico tratado dirigido a combatir la pesca ilegal tenga éxito en sus objetivos de librar al mundo de una lacra que provoca pérdidas ingentes de dinero y daña la nutrición humana y la sustentabilidad ambiental».
La FAO está redoblando sus esfuerzos para la implementación del PSMA y ha destinado importantes recursos presupuestarios propios para apoyar 
a los países más pobres en el desarrollo de la capacidad técnica, científica y jurídica necesaria. Deben ser vistos como «capital inicial» que se incrementará con las contribuciones voluntarias.
El PSMA, que requiere inspecciones rigurosas de los buques por parte del Estado rector del puerto en lugar de los Estados del pabellón, es la «herramienta principal» para combatir la pesca ilegal y «ayuda también a abordar otros problemas graves como el tráfico de estupefacientes y de seres humanos», añadió Graziano da Silva.
Sustentabilidad azul
El director general anunció además que la FAO se ha comprometido a aportar US$41,9 millones en financiación para programas dirigidos al sector pesquero, incluyendo la mejora de la gestión pesquera y los medios de subsistencia en el Mediterráneo y el mar Negro.
«Unos océanos sanos son una condición vital para la implementación exitosa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y son especialmente cruciales para algunas de las comunidades más pobres del mundo que dependen de actividades de pesca a pequeña escala», enfatizó Graziano da Silva.
La prolongada contribución de la FAO al uso sustentable de los océanos, los mares y los recursos marinos -que aportan proteínas animales a más de 3.000 millones de personas y son la base del sustento de cerca de 300 millones- se ha intensificado en los últimos años. Junto con el PSMA, la FAO ha logrado el consenso para la aprobación internacional de las directrices voluntarias para lograr la sustentabilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
La pesca en pequeña escala juega un importante papel social, cultural y económico en las regiones del Mediterráneo y del mar Negro, constituyendo más del 80% de la flota pesquera formal y una cuarta parte de todos las capturas desembarcadas. Sin embargo, ese papel está en peligro, ya que el 85% de las poblaciones de peces locales se están capturando a niveles evaluados como insostenibles.
Paralelamente, Graziano da Silva anunció que la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO destinará EUR$20 millones para ayudar a revertir la tendencia a la sobreexplotación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo y el mar Negro, y fortalecer los medios de subsistencia de las comunidades costeras que viven en sus riberas.
La FAO está asignando igualmente fondos adicionales a la iniciativa «Esperanza Azul» (Blue Hope), que busca transformar las comunidades de la zona costera del Mediterráneo meridional -muy afectadas hoy en día por las tendencias migratorias transfronterizas- en motores de estabilidad y crecimiento, dijo Graziano da Silva.
La FAO también reafirmó su compromiso de gastar más de un US$1 millón para ayudar a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) a través de su Iniciativa de Crecimiento Azul («Blue Growth»), orientada a proporcionar a los países en desarrollo un marco que les permita reconstruir y hacer crecer sus economías basadas en los recursos marinos de manera ecológica y sustentable, a la vez que se beneficia a las comunidades costeras.
«Se prestará especial atención a garantizar que el comercio pesquero contribuya a los objetivos de erradicación del hambre. Otra prioridad será maximizar los beneficios -tanto económicos como en términos de resiliencia- de las oportunidades que ofrece la acuicultura», concluyó José Graziano da Silva.