Con la participación del economista de la Fundación Sol Marcos Kremerman, la Comisión de Trabajo continuó con la discusión del proyecto (boletín 13041) del Ejecutivo que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, propuesta que ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el pasado jueves 7 de noviembre.
Marcos Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y máster en Políticas 
del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater Studiorum, Universitá de Bologna (Italia)/Universidad Central (Chile), fue claro en expresar que la mejor opción no sería avanzar en un sistema de bonificación sino que en consagrar un mejor mínimo para los salarios, que permita a los trabajadores una salida de la línea de la pobreza.
Alertó a las/os legisladoras/es que acá se habla de remuneraciones y no de sueldo base, punto que importa a la hora de hacer los cálculos, dado que las remuneraciones consideran ítems como las gratificaciones y el pago de horas extras. Bajo dicha perspectiva, estimó que el universo de beneficiados se reduce, así como el efecto esperado.
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De igual manera, recordó que para marzo de 2020 se espera un reajuste legal del ingreso mínimo mensual y que a septiembre del mismo año debiera operar una nueva cifra, hecho que vendría a reducir la brecha con el monto tope del beneficio. Así, agregó, por una vía se restringe el universo de beneficiarios y, por otra, el monto del aporte, lo que hará obsoleto en el corto plazo en cuanto a su alcance real.
Para el economista, es radical que el país defina la finalidad del salario mínimo, atendiendo en este plano la necesidad de que las personas salgan de la línea de la pobreza, y un mecanismo adecuado para definirlo.
Respecto del primer punto, llamó a atender la realidad comparada de países con niveles similares al nuestro, como Portugal y Croacia, donde el salario mínimo es muy superior al chileno; mientras que sobre el mecanismo estimó que la mejor vía es a través de la negociación colectiva, pero con un sistema sindical fortalecido y con posibilidad de negociación por rama, como ocurre en Argentina y en Uruguay.
Además, entre otros aspectos, recordó que el tema del salario mínimo actúa como un faro que entrega una referencia al resto del mercado laboral, tanto público como privado, por lo que estimó relevante zanjar los puntos recién mencionados de finalidad y mecanismo para definirlo.
Gobierno
En la oportunidad también intervino la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien recordó algunos de los objetivos de la propuesta legal, como es entregar un alivio a las familias más vulnerables del país, pero resguardando el empleo. Además, remarcó que la iniciativa debe ser entendida dentro otras propuestas en desarrollo que componen la llamada «agenda social».
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Frente a algunas dudas planteadas en la sesión, la representante del Ejecutivo aclaró que la ley entrará a regir a los tres meses de publicada, pero que sus efectos serán aplicados respecto de las remuneraciones de los tres anteriores.
Por último, entre otras materias, aseguró que la medida no beneficiará al 10% más rico de los hogares y sostuvo que seis de cada diez beneficiarios potenciales, pertenece al 40 más vulnerable. Asimismo, afirmó que el efecto se sentirá principalmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
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