(El Mercurio) La atención de la industria pesquera está en la votación en la Sala del Senado del proyecto de ley que plantea que la especie jibia solo puede ser extraída utilizando «potera» o «línea de mano», sistemas artesanales de pesca, quedando prohibido cualquier otro tipo, en particular el mecanismo de arrastre. Esta iniciativa es impulsada desde 2014 por los diputados Daniel Núñez (PC) y Víctor Torres (DC) y está en segundo trámite en el Congreso.
La pesquera chilena Landes, ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner, estima que si prospera el proyecto de ley, se producirá un «terremoto» en el rubro industrial.
Por una parte, la compañía indica que se les estará entregando el patrimonio pesquero de la jibia a las flotas peruanas y chinas. Esto -explica- porque el sector artesanal, que pesca 160.000 toneladas de jibia en Chile, no será capaz de capturar, además, las 40.000 toneladas que extrae la industria, por lo que el organismo internacional que regulará próximamente esta pesquería, la ORP, disminuirá la cuota para nuestro país.
El gerente general de Landes, Andrés Fosk, afirma que se fortalecerá la presencia de Perú, que pesca entre 400.000 y 600.000 toneladas anuales, y de China, que extrae cerca de un millón de toneladas anuales de jibia.
Andrés Fosk explica que un tercio de las ventas y márgenes de Landes están ligados a la actividad de la jibia. La firma procesa al año entre 15.000 y 17.000 toneladas del calamar rojo, pescando de forma propia el 60% y el resto lo compra a los artesanales.
En agosto, la compañía tuvo que finiquitar a 200 personas que trabajaban en el área de jibia, las que no serán recontratadas la próxima temporada (primeros ocho meses de año) si avanza el proyecto de ley. A la vez, tendría que despedir a otros 100 trabajadores ligados al equipo de pesca de arrastre y dejar paralizadas dos embarcaciones.
Así, de un total de 500 personas que trabajan en Landes cuando la empresa está en el peak de sus labores, la plantilla bajaría a la mitad (250), considerando algunas contrataciones ligadas al sector del jurel.
La firma, que tiene su base operativa en Talcahuano, región del Biobío, opera también en el segmento de harina y aceite de pescado, y en la producción de choritos, registrando ventas anuales por cerca de US$65 millones.
De todos modos, Fosk estima que se podrían perder 2.500 a 3.000 empleos en la industria pesquera a raíz de la ley. Otras fuentes de este rubro proyectan que se terminarían dos mil empleos directos y cuatro mil indirectos en la temporada de enero a agosto.
«Esto tendrá un efecto extraordinariamente relevante en la sustentabilidad y futuro de la empresa. Otra vez estamos enfrentándonos a un nuevo terremoto, esta vez legislativo. Ya tuvimos uno en 2010, cuando nos pusimos de pie, ahora habrá que volver a reinventarse para ver desde dónde partimos trabajando», sostuvo Fosk.
Landes tiene frenada una inversión de US$7 millones en una nueva planta de procesamiento de jibia y jurel en Talcahuano. Andrés Fosk recalca que el proyecto de ley es inconstitucional, pues el Congreso no puede regular las artes de pesca. Agrega que no se han considerado planteamientos científicos, ni que la pesca de arrastre en el caso de la jibia es de «media agua», es decir, las redes no llegan al fondo marino.
«Esperaría cierto grado de cordura y que los senadores entiendan que están en juego el patrimonio pesquero del país, puestos de trabajo. No se puede ser tan irresponsable, seguir legislando para la galería», concluyó el ejecutivo.
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