Disconformes y preocupados dicen estar dirigentes de la pesca industrial de la región del Biobío frente a la que califican nula reacción que han tenido las autoridades locales en el marco de la tramitación del proyecto de ley que pretende regular la captura de la jibia, y que actualmente se encuentra en una fase clave en el Senado.
Y es que según los dirigentes, en caso que la iniciativa llegue a materializarse, generaría importantes pérdidas de puestos laborales estables en la zona. Por esa razón acusan que ha habido una falta de preocupación por parte de congresistas y autoridades regionales, teniendo en cuenta que se trata de una zona que ya ha sufrido con la desaparición de empleos y el cierre de algunas empresas.
En esa línea, el presidente de la Federación de Tripulantes de Chile (Fetrinech), Sergio Vera, afirmó que los legisladores de la región «no han sido aporte alguno en cuanto a poder defender los puestos de trabajo del Biobío, principalmente en el sector industrial pesquero. Tenemos parlamentarios que fueron alcaldes de comunas donde se desarrolla la pesca, como los diputados Gastón Saavedra y Leonidas Romero, o en el caso de Jaime Tohá que fue intendente. Pero creemos que ni ellos, ni el resto, han dimensionado las consecuencias de esta iniciativa que busca limitar la captura de la jibia, y que en caso de llegar a ser ley, acabaría con miles de puestos de trabajo, que hoy día son formales, de calidad y con contrato indefinido».
El dirigente aseguró que no se dimensionaron las consecuencias que tendría este proyecto, particularmente en la región del Biobío, a la hora de legislar. «Es importante recordar que la iniciativa legal busca limitar la captura de la jibia solo mediante la utilización de un aparejo denominado potera y el arte de línea de mano. Por eso, planteamos que al quedar fuera del proceso el área industrial, se perdería la capacidad de abastecer a las plantas de proceso y eso repercutiría directamente en la pérdida de puestos de trabajo. Además, la iniciativa establece una sanción con una multa de 500 UTM y el decomiso de las especies», adujo Vera añadiendo que las expectativas del sector industrial «siempre fueron que se legislara de forma seria, técnica y científicamente correcta».
En tanto, el proyecto está a la espera que sea revisado; esto, luego que en la última sesión en el Senado se decidiera abrir un período justamente para la presentación de indicaciones y que finalizó el pasado 29 de octubre.