STI Siparmar Talcahuano, STI Sarpe, STI Sarpar Biobío, STI Aspas, STI Caleta Coliumo, STI Siparhital, Arpesca A.G., A.G. Escafandras con Historia de Talcahuano, A.G. Pesca Mar y Agmapar Talcahuano firmaron una carta que fue enviada a AQUA para cuestionar la denominada «Ley de la Jibia» que establece la línea de mano o potera como único arte para capturar el recurso.
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A continuación reproducimos íntegramente la misiva:
«Somos un grupo importante de la pesca artesanal que no está de acuerdo con el mencionado proyecto, debido a que nos genera una pérdida de permisos de captura de jibia con otros artes de pesca artesanales que hoy día mantienen operación sobre el recurso.
Eso provoca pérdidas de derechos que hoy están otorgados, y de oportunidades de trabajo en nuestro sector. A esto se agrega la dificultad en la captura de otros recursos pesqueros artesanales que este proyecto crea, al contener una multa onerosa de $25 millones solo por el hecho de capturar en forma accidental este recurso por sobre la fauna acompañante que la autoridad establece.
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Esta última situación afectará negativamente a todo el sector pesquero artesanal, ya que frente a la presencia masiva de jibia no se podrá trabajar puesto que esta saturará las zonas de pesca, haciendo que su presencia esté por sobre los niveles de fauna acompañante establecidos, lo que generará un alto riesgo de ser multado con las 500 UTM del proyecto.
Esta iniciativa representa un enorme perjuicio para nuestro sector, por lo que, para nosotros, es imprescindible que, como mínimo, este proyecto de ley se ajuste a derecho, por lo tanto solicitamos que la autoridad pertinente lo presente ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de esclarecer si tiene o no validez jurídica, lo cual fue, en reiteradas oportunidades, puesto en duda tanto en el Congreso como por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
Hoy, donde el ambiente político está tan enrarecido, es completamente necesaria la exhaustiva revisión de este tipo de iniciativas, sobre todo aquellas que perjudican a tanta gente.
Esta falta de claridad y rigurosidad jurídica de parte de los diputados y senadores que han respaldado esta iniciativa, ha hecho estallar un conflicto completamente innecesario y evitable con el solo hecho de haber sido más transparentes en la gestión congresista del proyecto».
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