Este viernes 11 de enero, la Central de Trabajadores de Chile (CTCh) dijo apoyar el paro de los trabajadores pesqueros de la región del Biobío. A través de su presidente, Arturo Martínez, criticó que cuando se habla de pesca en Chile «nadie se acuerda de los trabajadores que andan en los barcos y se legisla desde un punto de vista político sin asumir los problemas para la fuerza laboral».
El paro de los trabajadores de flota y plantas, así como de pequeñas y medianas empresas (pymes) de apoyo, fue acordado por los sindicatos interempresa de Oficiales Motoristas, de Capitanes, de Tripulantes, Federación de Plantas, Fesip y AG Pescapyme, representando -según afirman en las entidades movilizadas- sobre 12.000 trabajadores.
El timonel de la CTCh, a la cual están afiliados los dos primeros sindicatos mencionados, adujo que «aquí hay un problema de fondo y es que por atacar a las empresas atacan a trabajadores que tienen contratos, que negocian colectivamente, que son formales, que pagan impuestos e imposiciones previsionales. Estos trabajadores han sido maltratados cuando se discute la Ley de Pesca producto de todo lo que ocurrió con esta en el Congreso. En ese marco, considero que los trabajadores de los barcos han tenido mucha paciencia, han aguantado mucho y el último recurso que les queda es protestar y manifestarse».
La Central, añadió el dirigente, respalda «plenamente» las movilizaciones que los embarcados están llevando a cabo. «Es que no han sido escuchados, han agotado todos los pasos, han golpeados todas las puertas y nadie les ha escuchado ni ha asumido sus demandas. Están ocupando el último recurso que les queda como trabajadores», enfatizó Martínez.
Exigencias
Respecto de las exigencias que han presentado los trabajadores en paro -que el Ejecutivo presente al Tribunal Constitucional la «Ley de la Jibia»; que incluya en la ley «corta» la plataforma social del sector íntegra o simplemente retire la iniciativa; y que renuncien los presidentes de las comisiones de Pesca del Senado (Rabindranath Quinteros) y de la Cámara de Diputados (Gabriel Ascencio), además del subsecretario de Pesca y Acuicultura (Eduardo Riquelme)-, Arturo Martínez especificó que «con la jibia, la gente que legisló, no tiene idea de cómo se captura y están dañando fuertemente el físico de los trabajadores». A lo que agregó: «no es posible que se les obligue a extraer en la forma que se aprobó sabiendo que va a dañar su salud, que va a generar accidentes, por lo que creo que en ese caso lo único que queda por hacer es que el Tribunal Constitucional pueda revisar muy bien la ley y declararla inconstitucional».
Respecto a la exigencia de renuncia de los presidentes de las comisiones sectoriales de ambas cámaras legislativas, el líder de la CTCh aseguró que en el Congreso existe «un sesgo político, y mi crítica es que no debe hacerse política con el trabajo de las personas. Aquí no se trata de defender empresas ni familias, sino defender el empleo formal; es decir, defendemos a trabajadores que tienen familia detrás de ellos», concluyó Martínez.
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