STI de Pescadores Artesanales de Coliumo – Tomé, la Agemapar – El Morro Talcahuano, Asociación Gremial de Patrones Artesanales Pelágicos – Región del Biobío, STI Sarpe – Talcahuano, STI Siparmar – Talcahuano, Sindicato Spaada – San Vicente Talcahuano, Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, STI Aspas – San Vicente y Sipacerval Valdivia – Región de Los Ríos, emitieron una declaración para expresar públicamente sus aprensiones al proyecto de ley que regula la captura de la jibia y que ha seguido avanzando en el Congreso.
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A continuación reproducimos íntegramente la declaración firmada por dichas entidades:
«El proyecto de la jibia no es un proyecto del sector artesanal, solo beneficia a un grupo minoritario, perjudicando a todo el resto del sector.
La jibia, por sus hábitos alimenticios, depreda sobre todos los otros recursos; esto hace que esté presente en las capturas de sierras, jureles, merluzas, sardinas, anchovetas, donde se utilizan variados artes de pesca como el enmalle, espinel, cerco, entre otros. Hoy la captura de jibia con estos otros artes se haya habilitada por medio de una resolución, permitiendo que más de 12.000 embarcaciones a lo largo del país (región de Arica y Parinacota a la de Magallanes y la Antártica Chilena) operen sin problemas destinando la jibia a consumo humano. Este proyecto establece una prohibición de captura y de desembarque a la gran mayoría de las embarcaciones artesanales, incorporando multas onerosas, fuera de todo contexto, cercana a los $25.000.000 que significarían la quiebra del pescador que se tope con una jibia.
Este proyecto no considera la naturaleza diversa de la actividad artesanal extractiva donde, en muy raras ocasiones, las capturas son puras (pesca objetivo). De ser aprobado, estaría generando una norma que obligaría a los pescadores a descartar por la mezcla de este valioso recurso con otros, modificando las conductas de buenas prácticas pesqueras que hoy existen, exponiendo además a los pescadores a las multas establecidas por descarte.
El mayor daño que este proyecto provocará a la pesca artesanal, es la pérdida patrimonial. Hoy, desde Arica a Los Lagos existen más de 650 permisos artesanales para capturar jibia con cerco, los que de aprobarse este proyecto, se perderían, despojando a los pescadores de derechos adquiridos consagrados por ley, indefinidos y heredables (Derecho Personalísimo, que se dice de aquel tan íntimamente consustanciado con la persona, que no es transmisible por serle inherente) que conforman el patrimonio valorado por todo pescador artesanal, lesionando y deteriorando brutalmente nuestra actividad, afectando nuestras posibilidades de trabajo.
El fraccionamiento de la jibia del año 2012 fue un logro muy importante que benefició a todo el sector artesanal. La distribución del 80% – 20% entre artesanales e industriales se basó en la historia pesquera de cada sector, donde el cerco artesanal jugó un papel preponderante en el logro del 80% del fraccionamiento asignado a los artesanales.
Y este proyecto pasa por encima de esa historia pesquera; historia construida por el sector pelágico para el beneficio de todos los artesanales sin exclusividad.
A inicios de los años 2000, la captura de jibia se basaba en un sistema de pesca por volumen, con valores que no sobrepasaban los $30 por kilo, hoy superan los $700 por kilo. El impulso de este cambio fue la apertura de nuevos mercados que demandaron la incorporación de mayor valor agregado y de inversión por parte de la industria procesadora. La flota que hoy opera con el arte de potera, y que es la más beneficiada con este proyecto, tiene una operación estacional debido a factores climáticos, de autonomía y de seguridad de sus embarcaciones que dependen de las realidades macrozonales a lo largo del país. Esta estacionalidad podría generar problemas de abastecimiento que comprometan la continuidad en la producción. Si esto ocurre, la pérdida será para todo el sistema.
El mayor problema en este proyecto es la mala información o desinformación y/o tergiversación de la realidad pesquera, que ha hecho pensar a las autoridades de manera polarizada, en blanco y negro, esto es, si aprueban el proyecto están beneficiando a toda la pesca artesanal y si no lo aprueban están en contra del sector y lo que es aún peor, estarían a favor de la industria, lo que no es verdadero.
Esta polarización es una cortina de humo frente a la problemática que este proyecto crea al interior del sector artesanal. Quienes promueven y apoyan este proyecto solo miran su particular interés, sin prestar atención a los graves perjuicios, pérdida patrimonial y de facultades que se generarán en los demás pescadores que pueden ver comprometido su derecho a trabajar y poder sostener a su familia. De estos efectos, ningún parlamentario ni adherente se hará cargo.
Un proyecto de estas características, que define por ley el arte de pesca a utilizar en la captura de un determinado recurso, no responde a elementos técnicos ni a la lógica del manejo pesquero. La ley mandata la sustentabilidad de todo el ecosistema marino y proyectos como este rompen ese principio, comprometiendo esta sustentabilidad y la estabilidad socioeconómica de los pescadores, rigidizando el sistema, impidiendo que reaccione oportunamente y se adapte a los cambios en el ambiente y/o a las innovaciones de los artes de pesca».