Una plataforma social, de cinco puntos, para hacer frente a la que aseguran será cesantía en que quedarán trabajadores dependientes de la pesca industrial como resultado de cambios legislativos aprobados y en debate, presentaron durante la mañana de este viernes 8 de febrero al gobierno organizaciones sindicales de la región del Biobío. El Ejecutivo, por su parte, dijo que entregará su respuesta el día 27 de este mes.
El documento, que comienza con tres páginas de un análisis de la situación, fue entregado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y será revisado en la denominada «Mesa Interministerial» para el tema, que integran Economía y Trabajo.
En representación del sector laboral participan la Federación de Trabajadores de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera (Fesip), los sindicatos interempresa de Oficiales Motoristas MMN, de Oficiales Patrones de Pesca de Naves Especiales y Regionales MMN, de Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la Provincia de Concepción, de Tripulantes de Barcos Arrastreros y PescaPyme que representa a los trabajadores de medianas y pequeñas de servicio a la industria pesquera.
El plan
Las organizaciones sindicales consideran que la forma más eficiente y real de mitigar la situación de los trabajadores es la jubilación con intervención directa del Estado para aquellos que acumulen más de diez años de labor, y que estas sean calculadas con las rentas percibidas en los últimos doce meses efectivamente trabajados.
Subrayan que el plan de mitigación «debe estar a la altura del daño causado no solamente en lo económico, sino también en la vulneración de la dignidad de trabajadoras y trabajadores».
Aseguran que los trabajadores del sector pesquero industrial se emplean de manera formal, con contratos de trabajo y por tanto son cotizantes del sistema previsional y cuentan con contratos o convenios colectivos con sus empleadores. En el ítem pensiones, diferencian a los trabajadores con más de 50 años de edad y los menores de esta, para plantear cálculos de montos diferenciados.
Proponen que a todos los trabajadores que sean cesados durante la vigencia de la ley se les otorgue indemnización por los años de vigencia de las cuotas de pesca de acuerdo con sus contratos colectivos o individuales. En esa línea, financiar matrículas y aranceles para ellos y sus hijos en carreras técnicas o universitarias por el tiempo que estas duren; y el pago total de deudas hipotecarias que mantengan al momento de ser despedidos.
En relación con las licitaciones, que es una de las propuestas de la «Ley Corta», indican que en el caso que las haya para los recursos sobre los cuales habitualmente opera la industria, deberá crearse un «Reglamento Social Laboral» que proteja los intereses de los trabajadores, principalmente asegurando la continuidad de los empleos y los derechos establecidos en los contratos individuales de trabajo y convenios o contratos colectivos por el tiempo que los recursos sean licitados.
Respecto del caso específico de los trabajadores que operan sobre la jibia, la petición es que para quienes laboran embarcados, personal de apoyo y tierra, trabajadores de plantas de proceso y todos los que sean afectados por la aplicación de la «Ley de la Jibia», haya medidas de mitigación y se les cancele el desmedro en sus remuneraciones, conforme al promedio de los últimos dos años de renta.