La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) emitió -este jueves 13 de diciembre- un comunicado para rechazar el acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado que agrupa en una sola iniciativa el denominado «proyecto corto» que impulsa el Ejecutivo y una serie de demandas artesanales que representaban los legisladores de la instancia congresista.
Tras conocer esa decisión, que será votada el próximo lunes, la presidenta de la Asipes, Macarena Cepeda Godoy, comentó que «lo ocurrido es muy grave, pues subyace una premura muy difícil de explicar para acordar una votación y que además el acuerdo incluye la decisión explícita de no escuchar a los técnicos y expertos en temas de pesca, como tampoco de conocer la opinión de abogados y juristas en la discusión de este proyecto de ley».
«Más allá de las legítimas diferencias en torno a cuál debe ser la más adecuada legislación de pesca que tengamos como país, es inconcebible que se censure a los actores, técnicos y académicos que mejor conocen esta actividad, impidiéndoles siquiera ser escuchados de manera previa y renunciando así a la posibilidad de que se enriquezca el debate con miradas y aportes diferentes», aseveró la representante gremial, y agregó que «esto es la confirmación que lamentablemente han primado intereses políticos por sobre los criterios técnicos, que son fundamentales al legislar sobre recursos naturales».
Más adelante, subrayó que ya habían «alertado sobre la exclusión de la mirada de la pesca industrial en este debate, al negársenos las reiteradas audiencias solicitadas con miembros del Congreso y autoridades del gobierno. Pero nunca pensamos que también se nos negaría la posibilidad de dar nuestra opinión ante el mismo Congreso, que es el lugar donde deben ser escuchados todos los actores cuando se tramitan leyes tan importantes como esta. En definitiva, el gobierno y Senado acordaron votar reformas a la Ley de Pesca a puertas cerradas».
En ese marco, adujo que «habla muy mal de nuestro debate político y legislativo, que en la tramitación de las leyes, y más todavía cuando se trata de materias extraordinariamente sensibles para nuestra economía, el empleo y el desarrollo del país, pero que además se trata de reformas cuyo fundamento ha sido fuertemente criticado por organismos técnicos nacionales e internacionales, al punto que la decisión adoptada pareciera ser una forma rápida y fácil de negar la contundente evidencia técnica sobre esta materia».
Por último, dijo que «sinceramente no entendemos cómo, por una parte, las autoridades económicas del país se esfuerzan en transmitir optimismo y confianza sobre la marcha de nuestra economía y la evolución del desempleo; y, por la otra, representantes del mismo gobierno avalan procedimientos como este, que solo generan incertidumbre y desconfianza en inversionistas, las empresas y sus trabajadores».