En el marco de la discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados para anular la Ley de Pesca, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar) y actual líder del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, presentó este miércoles 9 de enero una querella criminal «contra quienes resulten responsables del delito de cohecho en la tramitación de la norma».
La acción judicial afecta a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y empresas asociadas, excongresistas y en ejercicio, así como autoridades de gobierno, entre los que destaca el actual intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa.
«Esta querella es una señal para la industria pesquera. Llevan semanas hablando en la prensa, a través de Asipes y Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca), intentando que los chilenos creamos que la Ley de Pesca fue aprobada sin cohecho. Pues les decimos que los chilenos sabemos la verdad: la Ley de Pesca es ilegítima y con esta acción judicial esperamos acelerar las investigaciones que hoy están en curso y que todos los involucrados, sin importar su rango y color político, tengan la máxima sanción de la justicia y no haya más excusas para que el Congreso anule la Ley de Pesca», adujo Cortés.
La acción judicial afecta a «toda persona que resulte responsable sea en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de cohecho», según lo dispuesto en los artículos 111, 112, y 113 del Código Procesal Penal, artículos 248 y siguientes del Código Penal.
Al respecto, el texto subraya que Luis Felipe Moncada, expresidente de la Asipes, «está involucrado en el posible pago a personeros políticos de parte de empresas pesqueras agrupadas en dicha asociación», considerando que se conoce de la existencia de correos electrónicos que daban cuenta del lobby que realizaron firmas del gremio en el Congreso mientras se tramitaba la actual Ley de Pesca, «surgiendo el cohecho como el presunto delito a indagar, por lo que esta conducta delictiva estaría presente en tramitación de dicha normativa que reguló el acceso a cuotas de captura que favorece a las grandes empresas del rubro, y que afecta a la pesca artesanal de la región del Biobío».
En la querella se solicita indagar la participación en la tramitación de la Ley de Pesca, así como en la Ley N°20.837 que se refiere a la excepción para la pesca artesanal del jurel, y la Ley N°20.657 que modifica el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos.
Descargue aquí la Copia_Querella_Criminal
Relacionado >> [EN-ES] Cuestionan proyecto de ley “corta” de pesca
También le puede interesar >> [EN-ES] Proyecto que regula las pesquerías de jibia se convertirá en ley