Ayer jueves 25 de julio, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados rechazó por 9 votos en contra y 4 a favor la moción que buscaba postergar la entrada en vigencia de la denominada Ley de la Jibia, cuyo plazo está fijado para el viernes 16 de agosto, y que postulaba su postergación por dos años. Incluso, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, le puso urgencia a la iniciativa.
A continuación puede ver el documento firmado por el jefe de Estado y también por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel:
Tras la decisión de la instancia congresista, distintas organizaciones del sector salieron a expresar sus posiciones. Una de las primeras fue la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach) que, a través de su presidente, Marcelo Soto Castillo, valoró que esta votación deje la captura de la jibia al sector pesquero artesanal que usa como arte de pesca la potera, evitando así el uso del arrastre, «calificado como una técnica depredadora, que daña el fondo marino y no respeta la sustentabilidad de todos los recursos del mar y que prácticamente ya no se emplea en el mundo», enfatizó el dirigente.
A su vez, el timonel de la Confepach detalló que esta semana, y en reunión con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, abordaron el conflicto que -a su juicio- se generaría si esta ley no entraba en vigencia de acuerdo con lo establecido. «Este fue uno de los temas que ocuparon gran parte de la agenda de la entrevista. Nosotros le dijimos al subsecretario que, si se aprobaba la postergación, nosotros saldríamos a la calle a defender la Ley de la Jibia, porque no estamos de acuerdo con que la industria pesquera siga siendo la que manda en esta materia en el país».
Para cerrar sus palabras, Castillo dijo que «hoy estamos muy satisfechos, fueron años de discusiones para que el arrastre fuera eliminado por su carácter depredador. A la industria no se le está quitando su porcentaje de jibia, sino que se le está pidiendo que adecúen sus embarcaciones. No obstante y en este tiempo en que pudieron adecuarse a las nuevas tecnologías de captura, optan por recurrir a amenazas de despido de sus trabajadores, prácticas que nosotros rechazamos».
En tanto, el presidente de la Federación Regional de Federaciones de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), Hugo Arancibia Zamorano, también acogió favorablemente la votación de la Comisión de Pesca de la Cámara. «Hoy se ha efectuado un ejercicio democrático, en orden a que cuando se aprueba una iniciativa y se transforma en ley, esta se debe cumplir más allá de los intereses particulares involucrados. Esto permitirá el uso exclusivo de la potera como arte de captura de la jibia y que utilizan los artesanales», subrayó Arancibia.
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Industriales
En contraparte, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca), Héctor Bacigalupo Falcón, dijo lamentar lo decidido por la Comisión de la Cámara Baja. «Vemos con preocupación que un sector minoritario impone sus criterios sobre la base de la violencia y las amenazas. Se está cometiendo un enorme error, que afectará el empleo directo e indirecto de 4.000 familias. Aquí no solo se está prohibiendo a la pesca industrial a capturar su cuota que es de solo el 20% del total, sino que se está limitando la pesca de la jibia a métodos que no aseguran regularidad en volúmenes -el sector artesanal pesca solo cinco días al mes- ni calidad del producto para su exportación. Prevemos un enorme impacto en el mercado internacional, y exportadores de otros países estarán tomando ese espacio, lo que es lamentable para Chile y su economía».
En la misma línea, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) sostuvo que «hoy ganó la violencia, las malas políticas públicas y no los argumentos. Condenamos la violencia y las amenazas al gobierno, al Congreso y a Chile entero de parte de un sector minoritario de la pesca artesanal».
De acuerdo con la Asipes, se le ha entregado la extracción de un recurso pesquero valioso para Chile «en exclusiva a una coordinadora de pescadores artesanales que controlará el precio y el abastecimiento a nivel nacional. Un monopolio por ley, donde unos pocos podrán trabajar y el grueso de la pesca artesanal, industrial y pequeñas empresas no podrán hacerlo».
«También ha sido muy aclaradora la intervención de los diputados que presentaron la Ley de Jibia exclusiva para el sector artesanal, donde han señalado que esta legislación es para reparar y corregir los casos de financiamiento irregular a la política que se investigan. Por ende, el país puede conocer que esta ley no atiende los reales problemas del país pesquero ni para al bien común del sector en su conjunto, sino que intenta reemplazar, hacia la opinión pública, el quehacer de los tribunales de justicia», aseguró la entidad presidida por Macarena Cepeda Godoy, añadiendo que «se ha destruido una actividad productiva en base a argumentos falaces, ideológicos y alejados de la información científica y técnica, desconociendo las realidades regionales. La decisión que tomaron algunos parlamentarios no genera progreso para el país ni menos para la región».
A su vez, manifestó que no les sorprende esta situación, «porque lo que está ocurriendo con la pesca industrial se está también replicando en otros sectores productivos y económicos del país, generando incertidumbres sobre las condiciones para invertir y trabajar».
«Este proyecto destruye valor, donde nadie gana. Aunque no les guste a algunos parlamentarios y pese a lo que dicen los dirigentes jibieros, la pesca industrial es una actividad sostenible, libre de pesca ilegal, que tiene trazabilidad en sus procesos y que está recuperando y certificando internacionalmente sus pesquerías», concluyó la Asipes.
Landes
A nivel de empresas, Andrés Fosk, quien es gerente general de Landes, firma en que la jibia representa un tercio de su operación, calificó de «catástrofe» la pronta puesta en marcha de la ley.
«Tendremos que cerrar nuestra planta de jibia, paralizar la mitad de nuestros barcos y despedir a alrededor de 250 trabajadores entre planta, flota y areas de apoyo», comenzó aseverando el ejecutivo.
«Teníamos la pequeña esperanza de que el gobierno atendiera esta grave situación y que mejorara esta mala legislación acorde con la realidad pesquera de nuestro país, sin embargo, no hicieron nada y el resultado que tenemos es este: un mal proyecto de ley, sin sustento técnico ni científico, que va a destruir más de 2 mil empleos solo en la región del Biobío», aseguró Fosk, para quien es «francamente sorprendente que un gobierno que insiste en retomar la senda del crecimiento y generar mayor competitividad, esté dispuesto a sacrificar una industria que ha tenido grandes avances en materia de sostenibilidad y buenas prácticas corporativas y que paga impuestos como ninguna otra en el país».
Más adelante, dijo que «aquí se está destruyendo una actividad económica complementaria, pues la historia de la jibia en Chile ha sido una labor conjunta entre industria y artesanales. Este año, el desembarque artesanal ha sido prácticamente nulo pues no han podido pescar por razones oceanográficas, por lo que no hemos contado con su suministro. Lo hemos dicho en todos los tonos: solo con abastecimiento artesanal la industria no puede funcionar, tal como ninguna actividad se sustenta con cinco días de materia prima mensual».
«No se trata de un problema de inversión, nosotros todos los días estamos invirtiendo en proyectos factibles. Readecuar nuestros barcos con potera es técnicamente inviable, la industria lo explicó innumerables veces en el Congreso y no fuimos escuchados. China, Perú y Corea, países que pescan con potera lo hacen, pero con barcos factoría, procesan y congelan a bordo, ¡algo que en Chile está prohibido!», ahondó.
Para cerrar, confirmó que interpondrán «todas las acciones legales y administrativas que tengamos a la mano para defender nuestra compañía, nuestro trabajo y una historia de más de 60 años de antigüedad. Con este proyecto no gana nadie; todo lo contrario, pierde Chile».
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