(La Tercera) Más de dos años lleva la fiscal adjunta de Puerto Montt (región de Los Lagos), Pamela Salgado, investigando si el vertimiento de 4.600 toneladas de salmones muertos frente a las costas de Chiloé, en 2016, tuvo relación con la masiva mortalidad de mariscos en las playas.
Con la convicción de que la autorización entregada entonces por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar) fue “injusta y arbitraria”, se prepara para formalizar a un exoficial de la Armada.
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¿Por qué fue una resolución injusta y arbitraria?
Se tomó una decisión apresurada. Creemos que había otras opciones, que el vertimiento no era la única. Recordemos que se autorizó en un período muy breve de tiempo el vertimiento de 9.000 toneladas de pescado en descomposición (…). La marea roja, la floración del alga, era un fenómeno que estábamos propensos a que ocurriera y no se tomaron los resguardos debidos, pues la opción más cómoda y/o más rápida fue simplemente verter al mar.
¿Por qué se autorizó entonces?
Se hizo sobre la base de un informe que elaboró Sernapesca, informe que carece de todo sustento. Se elaboró en menos de 48 horas y, sin ningún antecedente mayor, la autoridad autoriza el vertimiento.
A su juicio, ¿el vertimiento hizo proliferar los efectos de la marea roja?
Exactamente. Además, la mortandad de peces, y en general todos estos centros de cultivo, generan muchos más nutrientes en esta zona, y esta cantidad de nutrientes, sumada a las condiciones climáticas de ese momento, generaron que obviamente la floración del alga fuera mayor. Cuando las empresas salmonicultoras comienzan a ver esta mortandad de peces, no se tomaron los resguardos.
¿Se arrojaron especies tratadas con químicos?
Quedó de manifiesto que había carga que fue vertida con tratamiento químico al mar, pero no se sabe qué químico. Las cantidades de ácido sulfhídrico y particularmente de sustancias que fueron vertidas al mar eran altas, incluso meses después de haberse generado el vertimiento, y eso también quedó de manifiesto en el informe de la Comisión Marea Roja. Eso nos lleva a concluir que la cantidad de amonio que había en el mar era altísima, incluso meses después.
¿Por qué no se formalizó a las empresas?
Las salmonicultoras se excusan de que ellos actuaron avalados por la autoridad, que los autorizó a verter.
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