Ya han sido seis las sesiones destinadas al estudio, en particular, del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en lo relativo a las licencias transables (LTP) e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletines 11.704-11, 11.642-21, 10.190-21 y 7.926-03, refundidos), que otrora fuera conocida como «Ley Corta».
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Algunos de los aspectos que han concitado acuerdo entre los diferentes expositores está la propiedad nacional de los recursos y el propiciar el consumo humano, no obstante, la cuota indígena ha sido cuestionada; a su vez, se ha formulado un reiterado llamado a mayores cerezas jurídicas.
Industriales
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado ha escuchado, principalmente, a representantes de los sectores artesanal e industrial, además de las precisiones que vinieron desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Este última entidad explicó que el texto legal “tiene dentro de sus objetivos, reemplazar la asignación de licencias transables de pesca establecidas para el régimen de acceso a la actividad pesquera industrial por un sistema de subastas que promueva el acceso en igualdad de condiciones y refleje el costo de oportunidad del uso de un recurso escaso y de alta valoración social”.
Además, aclararon que “la indicación presentada por el Ejecutivo contempla una fórmula para evitar que las subastas iniciales, como las que correspondan con posterioridad, se realicen en un mismo año”.
En sesión siguiente, desde PacificBlu, su gerente general, Marcel Moenne, dejó constancia que no están de acuerdo con las indicaciones que prohíben la pesca de arrastre y llamaron a incorporar estándares mundiales sobre certificación y afirmaron que en todo el mundo se “usa” esta técnica, lo que fue puesto en duda por la senadora Ximena Rincón, quien precisó que desde 2016 la Unión Europea (UE) prohibió este sistema de captura. En este sentido, adelantó que sería positivo conocer cuáles han sido los efectos en la continuidad de las empresas y la realidad del recurso.
Además, PacificBlue señaló que desde hace un par de meses están entregando a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) 4 millones 200 mil raciones de merluza, pero “panada”, la que según enfatizaron es saludable para la comunidad, destacando los beneficios del sabor y mejor consumo humano directo (CHD).
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En la oportunidad, además, expusieron Osciel Velásquez y Héctor Bacigalupo de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca), quienes deslizaron la falta de certezas por las legislaciones al sector. «Vemos un proceso legislando un tema de futuro (2032), pero que genera incertidumbre ahora y que no resuelve los problemas reales del sector», puntualizaron ambos representantes gremiales.
Para este punto, la senadora Adriana Muñoz llamó a no pensar que se está legislando a bandos, sino que todos son importantes.
Los de Sonapesca, en tanto, sostuvieron que “un modelo de administración pesquera debe contener un marco legal de largo plazo que genere estabilidad y certidumbre jurídica; institucionalidad sólida, transparente, participativa y equilibrada; investigación de calidad orientada al manejo de las pesquerías; además de fiscalización efectiva”.
Trabajadores
En la cita del jueves 18 de julio, la Comisión de Pesca de la Cámara Alta conoció la opinión de la Federación de Trabajadores Pesqueros y Ramas Afines Zona Centro Sur de Chile (Fetrapes) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip).
La Fetrapes compartió con el proyecto «que la propiedad de los recursos debe ser de Chile y no solo en su administración, como hay sectores 
que proponen»; sin embargo, con respecto a la licitación, argumentaron que «por sí sola es riesgosa, debe contener medidas de anticolusión, concentración, mitigación, valor agregado, entre otros».
Además, dejaron constancia que a su juicio, hay aspectos que tienen impacto social y «producen pérdida de puestos de trabajo, con desmedro económico a los trabajadores (artesanales e industriales)».
La fragilidad del sector fue puesta en evidencia por los representantes de la Fesip, que manifestaron que «las crisis de pesqueras independientes siempre han terminado con ajustes y concentraciones que han tenido negativos efectos para los trabajadores».
«A finales de los 90′ y al comienzo del 2010, los ajustes terminaron con la fuente de trabajo de cientos de trabajadores (…) y se ha hecho muy difícil reinsertarse en un nuevo y conseguir los niveles de rentas que se obtienen en este tipo de empleo», agregaron.
En este orden, adujeron que «si bien debemos compartir que la administración de los recursos pesqueros se debe establecer sobre tres pilares fundamentales, como lo son el biológico, el económico y finalmente el social, y teniendo en consideración la presencia copulativa de estos tres factores, es deber del Estado velar que la extracción de estos recursos tenga una expresión social sustentable en el tiempo».
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Cuotas y sustentabilidad
La reunión del lunes 22 de julio contó con la presencia de la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes), quienes declararon que la reducción de las cuotas de pesca, en el caso del rubro industrial, las empresas debieron ajustar su capacidad de extracción a las cuotas definidas por criterios científicos. Esto, según dijeron, ocasionó fusiones de compañías y la reducción de embarcaciones.
En el caso de la pesca artesanal, «no han podido ajustar su capacidad extractiva e incluso ha aumentado su capacidad y número de embarcaciones, con un aumento de 7% entre 2016-2017», sostuvo la presidenta del gremio, Macarena Cepeda.
«Las licitaciones del 100% de los permisos de pesca significa un golpe a la estabilidad, calidad y condiciones del empleo que entregan estas empresas. Hoy no es posible aventurar qué ocurrirá con los trabajadores de las empresas que pierdan sus permisos y quién se hará cargo», añadió.
Desde la Asociación Gremial de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte Grande A.G. (Asipnor) advirtieron que su sector «requiere una normativa que permita mantener los acuerdos regionales de operación (perforaciones) en el área de las 5 millas; evitar el incremento del esfuerzo artesanal manteniendo el sistema de traspaso de cuota sin incrementar el número de embarcaciones; tener certeza jurídica, entre otros temas».
Además, manifestaron la importancia de la “existencia de empresas con visión de largo plazo y capacidad de mantenerse en periodos de baja actividad; no afectar las actuales condiciones laborales; incentivar la investigación pesquera y medidas de autorregulación que permitan ser sustentables en el largo plazo”.
Por último, la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) afirmó que «eliminar la pesca de arrastre implica el término de la operación industrial, con el consecuente efecto en las economías regionales del sur-austral. Lo que se debe es evolucionar de acuerdo con las mejores prácticas mundiales».
Con respecto a la limitación o eliminación de las cesiones artesanales al sector industrial, «no beneficia a nadie. El sector artesanal pierde importante fuente de ingresos, sobre todo en las regiones de Aysén y de Magallanes, y el sector industrial no logra capturas que requiere para sostenerse en el negocio», expresó Carlos Vial, representante de la Fipes.
Confepach y Conapach
La última sesión contó con las visiones de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), quienes subrayaron «en el tema de propiedad de los recursos como soberanía del Estado de Chile, pero no compartimos la indicación de que se excluyan las regiones del sur-austral».
Además, dijeron valorar «el tema del enfoque ecosistémico y las indicaciones que favorecen el consumo humano local y nacional y que dejan expresado el respeto al medio ambiente. Al igual que valorar las indicaciones que asumen la adaptación al cambio climático y los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria».
Con respecto a la cuota global, sostuvieron que «la cuota diferenciada para los pueblos originarias y la opción de otorgar ROA a estas 
organizaciones, puede generar un desbalance injusto que altere la ya compleja convivencia (…). No consideramos necesario la creación de registro de ‘pescador originario’ y no estamos de acuerdo en la transferencia de cuota de un año para otro, pero valoramos que la cuota de reserva provenga de la fracción industrial».
A su turno, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) sentenció que sobre seguridad alimentaria están «plenamente de acuerdo en incorporar el principio de seguridad alimentaria para abordar la regulación pesquera y no solo como una actividad económica más, sino como una estratégica vinculada a la alimentación de la población».
Sin embargo, advirtieron, «nos queda la duda respecto de la propuesta que pretende cambiar la Subpesca al Ministerio de Agricultura o Ministerio de la Alimentación por la pérdida de protagonismo que pueda sufrir el sector pesquero en un ministerio tradicionalmente agrícola».
En otra materia, coincidieron con la poca pertinencia de una cuota indígena. «Nuestras organizaciones están conformadas por pescadores indígenas y criollos, sin distinción, los problemas de acceso afectan a unos y a otros, por lo que creemos debe preferirse la reforma global al Registro Pesquero Artesanal (RPA), teniendo presente a los pescadores artesanales indistintamente cual sea su origen étnico. Crear una cuota indígena, constituirá un factor de división entre los pescadores y de discriminación de aquellos que no son indígenas», concluyeron.
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Para cerrar, la Comisión aseveró que continuará escuchando a los diferentes actores, antes de comenzar a votar las más de 140 indicaciones propuestas para el proyecto, que está en su primer trámite constitucional.
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*Fotos: Senado.cl