La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Alicia Gallardo, calificó como «histórica» la fecha en que el organismo público se hace cargo a nivel nacional del proceso de certificación de los desembarques pesqueros. La medida permite un mejor control de las cuotas de pesca, disminuye la ilegalidad y agrega valor a la cadena productiva de los recursos del mar.
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La certificación pesquera es obligatoria para todas las naves industriales y embarcaciones artesanales mayores o iguales a 12 metros de eslora; para aquellas lanchas con arte de cerco que operen sobre pesquerías pelágicas (sardina, anchoveta y jurel, principalmente) y para las lanchas transportadoras (en la foto destacada, certificación de desembarque de una lancha transportadora de langostas, en la región de Valparaíso).
Este procedimiento permite verificar que las naves declaren en forma fidedigna el volumen y especie de los recursos capturados en los puntos de desembarque. De este modo, se evitan malas prácticas como el subreporte (declarar menos de la cantidad desembarcada) o la declaración de especies distintas a la capturada.
Así lo subrayó Alicia Gallardo, quien agregó que para asumir este desafío el Servicio debió contratar 233 nuevos inspectores, lo que significa un aumento de aproximadamente un 25% de su dotación total. La autoridad explicó que anteriormente el proceso de certificación era realizado por entidades externas y que, con este cambio, se reconoce el rol público de Sernapesca en una etapa crítica de la actividad pesquera.
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Modernización
La timonel del Sernapesca recordó que esta nueva facultad se otorgó en el marco de la Ley de Modernización del Servicio, aprobada el año pasado y donde «a sugerencia nuestra, el legislador consideró que la certificación era una función que debía ejercer directamente Sernapesca como autoridad pesquera, y no estar delegada en un tercero. Con esto, mejoramos de manera significativa el control de pesquerías estratégicas y de un alto valor comercial para el país».
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A medida que se integran al Servicio, los 233 nuevos fiscalizadores han participado en un programa de capacitación. El proceso comenzó gradualmente en agosto del año pasado, en la zona sur-austral. En octubre se extendió a la zona norte y finalmente, este 1 de enero comenzó a operar la macrozona centro-sur, donde se realiza alrededor del 90% de los desembarques pesqueros del país.
«Al mejorar la fiscalización a través de la certificación, no solo aseguramos la sustentabilidad de las pesquerías, sino que también contribuimos a agregar valor a los productos del mar, ya que cada día son más los mercados internacionales que exigen altos estándares de control, mientras que las plantas procesadoras y los comercializadores del mercado interno pueden asimismo garantizar a sus consumidores que todos los productos que ofrecen fueron extraídos legalmente», concluyó Alicia Gallardo.