Desde 2013, tras la entrada en vigor de la actual ley de pesca, el sector industrial dedicado a esta actividad ha tenido un incremento en los gravámenes que cancela por concepto de patente, impuesto específico, subastas y otros cargos. Por ejemplo, en contraste con 2012, durante 2017, las empresas pagaron US$4,2 millones más.
Esos datos fueron parte de un estudio realizado por el exsubsecretario de Pesca de Patricio Aylwin, Andrés Couve, quien también reveló la incidencia de los gravámenes en la valorización de los desembarques de la pesca industrial. Esto último mostró que, entre 2013 y 2017, la participación de las obligaciones tributarias de la industria ha estado, en promedio, en un 11% desde la entrada en vigor de la ley de pesca, pasando desde un 9,3% en 2012 a un 11,1% en 2017.
Lo anterior contrasta con la realidad del sector minero del cobre y otros metales en Chile, argumentan en la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca). Es que considerando el total de empresas mineras afectas al pago de patente y royalty, el desembolso total por ambos conceptos representó, como promedio anual durante 2012-2013, el 1,6% del valor de la producción anual. De igual manera, subrayan en la federación gremial, si se considera al grupo de las once mayores mineras privadas más Codelco, el pago total anual por patente y royalty representó 4,1% de las utilidades operacionales conjuntas de estas compañías, considerando el valor promedio de este porcentaje durante los años 2013-2014.
En contraste con la realidad minera, el pago anual por patente, royalty y costo de certificación de desembarques representó un tercio de sus utilidades operacionales anuales. Es decir, mientras las principales empresas mineras veían el 4,1% de sus utilidades operacionales afectadas por los gravámenes, las empresas pesqueras tributaban más del 33% de sus ingresos.
Otra diferencia entre la regulación tributaria de la minería y la pesca es la forma en que pagan el impuesto específico ambas industrias, ya que la última debe pagar sin importar los resultados del negocio. Es decir, en el caso de las mineras, el royalty sectorial se paga en función de la producción de la empresa. Mientras que en el sector pesquero se paga sobre la tenencia de licencias de pesca, independiente de si las cuotas de captura asignadas sean o no efectivamente pescadas, ahondan en la Sonapesca.
«Todo esto ha generado preocupación para los gremios de la industria pesquera. Sabemos que cualquier industria está afecta a pagar impuestos, pero en esto existe una diferencia bastante significativa, que hay que tomar en cuenta en un contexto en que se continúa poniendo presión al sector industrial por la vía de cambios legislativos que generan incertidumbre», subrayó el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo.
«Pesca con futuro»
A pesar de advertir una fuerte carga tributaria, en la entidad aseguran que la inversión de la industria pesquera en materia de sustentabilidad ha generado avances. Lo anterior, dicen, ya que se ha logrado certificar las pesquerías de camarones de todo el país y avanzar en la certificación del jurel.
«Nosotros llevamos años esforzándonos por avanzar en un tema que es de vital importancia: la sustentabilidad de los recursos. Creemos que cualquier regulación a la actividad tiene que estar guiada por asegurar una pesca con futuro y en esto, la industria se adelantó hace muchos años», afirma el representante de la federación que agrupa a más de 100 pequeñas, medianas y grandes empresas pesqueras.
Lo señalado por Sonapesca está relacionado con las actuales iniciativas legales que se discuten en el Congreso: «ley corta», fin del arrastre en la jibia y fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Lea >> [EN-ES] Quinteros por proyecto del Sernapesca: «Me alegro mucho que hayamos terminado este trabajo»
«De todo lo que hoy se discute, lo único que tiene el foco en la sustentabilidad es el fortalecimiento del Sernapesca, ya que es vital detener a la pesca ilegal. En cambio, el tema de la jibia solo responde a eslóganes respecto al arrastre que no tienen ningún fundamento científico», concluye Bacigalupo.
Relacionado >> Organizaciones de pesca artesanal argumentan su oposición al proyecto de la jibia