La semana pasada se conoció que el proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) deberá ser votado en marzo tras el receso congresista, ya con Piñera como Presidente del país, retrasando así la aprobación de esta iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad existente y dotarla de mayores facultades para combatir -entre otras cosas- la pesca ilegal.
El miércoles 24 de enero fue cuando no pudo discutirse el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ya que la senadora Jacqueline van Rysselberghe y el senador Alejando Navarro no aceptaron que sesionara la comisión, luego que el senador Felipe Harboe solicitara sesionar en paralelo durante la tarde, lo que requiere de la unanimidad de los legisladores.
«Efectivamente hay muchas cosas que mejorar en esta iniciativa legal, y me parece que lo mínimo es escuchar a los pescadores artesanales que no han tenido la oportunidad ni la opción de exponer las cosas que les preocupan dentro de la comisión. La región del Biobío tiene la flota pesquera artesanal más grande de Chile, por tanto, debieran tener una voz y opinar al respecto. Ellos están muy interesados en fiscalizar la pesca ilegal, pues también les afecta. Pero hay cosas desde su perspectiva que tienen que mejorarse, por lo que hay que escucharlos al menos una vez. Este proyecto debe hacerse bien, y lo mínimo es escuchar a las organizaciones», argumentó la legisladora.
Además, comentó que «este proyecto junta ‘peras con manzanas’. Por un lado modernización del Servicio y también el control de la pesca ilegal. Nosotros siempre hemos planteado que se separen las cosas, ya que la modernización es de mucho más fácil despacho que lo segundo, no obstante el Gobierno nunca lo quiso, y el proyecto pasó a la Comisión de Constitución».
El proyecto pretende crear nuevos delitos aplicables al sector pesquero artesanal entendido en su sentido amplio, es decir, abarcando no solo a la actividad extractiva, sino también a las actividades de pequeña escala, desarrolladas por quienes se encuentran ligados a los rubros productivos de las caletas. «Siendo así, el proyecto elevaría a la categoría de delito diversas conductas realizadas históricamente en asentamientos pesqueros del territorio, con el afán de perseguir a integrantes de bandas asociadas a supuestas actividades de pesca ilícita», puntualizó Jacqueline van Rysselberghe.
«Diversos problemas»
La senadora afirmó que artículos del proyecto tenían «diversos problemas». Por un lado, relacionados con técnica legislativa y constitucionalidad, y también en el enfoque, «ya que las normas no tenían como única finalidad el perseguir a las supuestas grandes mafias asociadas a la pesca ilegal, sino que también a la cadena de pesca artesanal, validada por la costumbre y la forma de vida propia de la gente de mar».
Frente a ello, van Rysselberghe manifestó su preocupación y pidió revisar en detalle los delitos creados en el proyecto, «a fin de cautelar a los pueblos originarios y a quienes realizan pesca de subsistencia». Sin embargo, y como el proyecto también abarca la modernización del Servicio y beneficios para sus funcionarios, «se aceleró el proceso, pasando esta revisión a un segundo plano a pesar de ser una materia altamente sensible», añadió.
«Endurecer las penas»
De acuerdo con datos del Sernapesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) excede en tres o cuatro veces las cuotas de captura permitidas en el año para algunas pesquerías, transformándose en el principal problema que enfrenta el rubro. Es que la extracción furtiva de los recursos atenta contra la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, perjudica a mujeres y hombres de mar que actúan legalmente pescando sus cuotas y, además, pone en riesgo a los consumidores finales, pues los productos extraídos ilegalmente no cuentan con controles que garanticen su inocuidad alimentaria.
En esa línea, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), Osciel Velásquez, comentó que como federación gremial sostienen que es «urgente legislar con el fin de fortalecer al Sernapesca, además de tipificar y endurecer las penas para quienes han hecho de la pesca ilegal el tercer ilícito más lucrativo del mundo, después de las armas y las drogas, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Por esto, confiamos en que el trámite tenga una pronta aprobación».
«Por nuestra parte -añadió Velásquez-, seguiremos denunciando con fuerza a quienes cometen esta actividad que está poniendo en riesgo el futuro de nuestros mares».
Asipes
Por su lado, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda Godoy, realizó este lunes 29 de enero un llamado al Congreso para aprobar «con urgencia y sin más dilaciones» el proyecto de modernización y fortalecimiento del Sernapesca, recordando que la iniciativa legal se tramita desde 2015. «Cada día que pasa son miles de toneladas de mariscos, moluscos, peces y algas que son sacados del mar de manera ilegal, dañando gravemente la sustentabilidad de los recursos del mar y el trabajo de miles de trabajadores honrados y comprometidos con el cuidado de su fuente laboral», apuntó.
La dirigente gremial aseguró que la Asipes ha sido consistente en su postura contra la pesca INDNR y en la necesidad de fortalecer al Sernapesca y dotar de mayores recursos y protección a los trabajadores de este servicio público. «En septiembre del año pasado nos reunimos con los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Sernapesca (AFUS), encabezados por su presidente Eduardo Fuentes, donde le entregamos todo nuestro apoyo y coincidimos en la necesidad de mejorar la tarea fiscalizadora de este organismo, encargarse de la certificación de desembarque que hoy hacen privados y endurecer sanciones a la pesca ilegal», subrayó Macarena Cepeda.
En el marco de la revisión de la ley de pesca por parte de la FAO, la Asipes propuso incorporar más instrumentos para fiscalizar y combatir la pesca ilegal, «ya que la autoridad realiza sus esfuerzos dentro de lo posible, pero no tiene muchos instrumentos para poder actuar de forma efectiva. A la escasez de personal, se suma que estos profesionales actúan con miedo pues han sido blanco constante de amedrentamientos», precisó la ejecutiva.
Uno de los puntos centrales que han propuesto los pescadores industriales es que la pesca ilegal sea considerada como tráfico y que se tipifique como un delito, cualquiera de sus etapas, es decir, la captura, la evasión de control, transporte, comercialización, esto con el fin de que se pueda desarticular la cadena delictual. De igual manera, que se incrementen sustancialmente las multas para que el costo de vender, comprar y transportar pesca sin permiso o excediendo la cuota sea relevante, y que estas sanciones sean mucho mayores al beneficio económico que pueda generar la comercialización de esa mercancía.
La presidenta de la Asipes afirmó que esto no se trata de atacar o defender a los pescadores artesanales, «aquí se trata de combatir a quienes trabajan en la ilegalidad, fuera de cualquier ordenamiento y reglas, que roban en áreas de manejo que no les pertenecen, que se enriquecen como intermediarios pagando valores miserables a pescadores que requieren obtener un sustento y que no tiene más opción que la pesca ilegal. Nadie busca dañar el trabajo de pescadores artesanales honestos, que hay miles en el país».
Por último, Macarena Cepeda dijo que el país pesquero en su totalidad debe comprender que «la transparencia y la trazabilidad de los recursos deben ser cumplidas por todos los actores pesqueros. Por ello cobra más fuerza aún que se apruebe a la brevedad el proyecto de ley que moderniza y fortalece el rol fiscalizador del Sernapesca».
Artesanales
En tanto, como una buena noticia fue evaluada por parte de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío (Fedepes) la postergación de la tramitación del proyecto de ley.
Sara Garrido, vocera de la Fedepes y presidenta del Sindicato de Algueras de Coliumo, valoró este freno puesto al proceso. Como organismo pesquero artesanal, afirmó, nunca han estado en contra del proyecto, ni menos han defendido la pesca ilegal. En su visión, «la modernización del Sernapesca será un buen proyecto solo en la medida que queden las cosas claras».
«El Ejecutivo siempre se ha enfocado en defender de la pesca ilegal a las grandes producciones, como la producción de harina de pescado y otros, lo que me parece muy bien. No obstante, el proyecto junto con las penas desproporcionadas que integra podría terminar por dañar a la pesca artesanal y a la cadena de menor escala que hacemos los pescadores. Queremos salvaguardar nuestro sector, y nuestra preocupación es que en este proyecto se creen delitos que mañana tendrá que pagar con cárcel la pesca artesanal», complementó la dirigenta.
Mientras que el presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta Lo Rojas, Claudio Villarroel, también se manifestó conforme con el actuar de los senadores del Biobío al rechazar que el proyecto continuara en la Comisión de Constitución. En su visión, manifestó, «sentimos que este Gobierno sigue discutiendo a puertas cerradas y no de cara al país».
Su mayor preocupación, dijo Villarroel, la constituye la posibilidad de elevar multas a los pescadores artesanales. Respecto a este tipo de medidas, sostuvo que «es necesario en su justa medida, pero cuando se habla de sanciones, vemos a muchos pescadores multados que hoy están en quiebra, y regresan de la faena con infracciones impagables. Entonces cuando hablan de elevar las sanciones, no sabemos hasta dónde puede llegar».
De este modo, se cumplió la demanda de revisar el proyecto de ley mientras la discusión no dejara conforme a todo el sector artesanal.