Un emplazamiento directo a los congresistas que representan a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, formuló el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay.
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Lo anterior, y según lo publicado por La Prensa Austral, debido a que el proyecto impulsado por los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes, Isabel Allende y Carolina Goic, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), ha generado que las empresas del rubro no quieran seguir invirtiendo hasta que se resuelva uno de los puntos que más los complica: el que no se podrá solicitar el otorgamiento ni la renovación de concesiones o autorizaciones de acuicultura intensiva o extensiva exótica en el territorio marino de la patagónica región.
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Desde la perspectiva de Garay, se trata de una iniciativa legal que «se contrapone con el desarrollo de una industria que busca avanzar de la mano de la sustentabilidad y que es respaldada por la propia comunidad y diversos sectores productivos de la zona».
«Es por eso mismo que como representantes de la voluntad popular, nuestros legisladores debieran tener en cuenta que un proyecto de ley como el que señalamos, traerá solo un quiebre en la actividad. Esta sola arista de la iniciativa genera un cuestionamiento serio de parte de los empresarios salmonicultores, ya que ante la incerteza que deja entrever la propuesta, no saben si podrán llevar adelante su producción, menos aún si estarán en condiciones de seguir creando ‘industria’ y dando empleo en la zona», adujo el líder gremial al citado medio de prensa.
Ejemplificó que en el caso de Cermaq, las inversiones están detenidas por parte de los dueños, que son japoneses. Estos están a la espera de que se clarifique la situación y es la misma postura que hace unas semanas expresó el gerente general de Multiexport Foods, Andrés Lyon, quien dijo que están evaluando el escenario para ver si «colocan sus fichas».
«Debe existir a este respecto una consideración seria y pertinente de parte de los senadores de Magallanes, pues debiera haber una indicación que permita eliminar esa cláusula. Es muy curioso que el proyecto busque imponer dicha restricción en la región, cuando en otras sí se permite la renovación, aunque por menos tiempo. A nosotros no nos dejarían lugar ni siquiera a ello», enfatizó Garay.
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*Créditos de la foto destacada (de contexto): Sitecna.