La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció el ingreso de un proyecto de ley marco de cambio climático el próximo miércoles 18 de diciembre al Congreso, dando un paso en impulsar la acción climática en Chile.
Según la titular del MMA, este proyecto de ley permitirá impulsar y acelerar la transición del país hacia el desarrollo sustentable en que se institucionalice la gobernanza para la acción climática en el Estado y que tendrá como meta nacional alcanzar la carbono neutralidad al 2050, además de planes de mitigación adaptación sectoriales considerando el resguardo de la seguridad hídrica.
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“Seremos el primer país en vías de desarrollo en establecer, por ley, la meta de la carbono neutralidad al 2050, tal como la ciencia nos ha solicitado a todos los países, para conseguir limitar el aumento de temperatura a 1,5° Celsius. Esta meta nacional obligará a que todos nos movilicemos para alcanzarla y hará responsable a distintos actores del Estado. El tiempo de actuar es ahora”, enfatizó la ministra Schmidt desde la COP25, en Madrid, España.
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El proyecto que ingresará al Congreso es fruto de un largo trabajo de participación ciudadana, tanto en la elaboración de un anteproyecto, como en la consulta de ese documento, en el que se recibieron alrededor de 4.500 aportes, muchos de las que se incluyeron en el texto definitivo, dijo la secretaria de Estado.
La iniciativa propone la obligación de que Chile tenga una Estrategia Climática a Largo Plazo con un horizonte al 2050, tal como pide el Acuerdo de París y que esta estrategia establezca metas de mitigación y reducción de emisiones por sector, así como medidas e indicadores concretos de adaptación y planes obligatorios de adaptación para los distintos sectores.
“Este proyecto de ley será un aporte al desarrollo equitativo porque el cambio climático es injusto y multiplica las inequidades sociales existentes. Además, uno de sus pilares será la adaptación, un tema prioritario para Chile”, añadió la ministra Schmidt.
La ley también reconocerá la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como una meta intermedia en nuestro camino a la carbono neutralidad.
De igual manera, y luego de ser solicitado transversalmente en el proceso de participación ciudadana, el proyecto incluyó el resguardo de la seguridad hídrica, con la priorización del consumo humano, ante los innumerables casos de escasez hídrica que tenemos, como la sequía. El instrumento de gestión asociado serán los planes de gestión estratégica de cuencas que desarrolla la Dirección General de Aguas (DGA) y que quedarán mandatados por ley.
Para la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, el proyecto establece la responsabilidad en los sectores productivos que tendrán metas sectoriales definidas en la Estrategia Climática a Largo Plazo, siendo ellos los que definirán la forma más costo eficiente de alcanzar los objetivos de mitigación.
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El proyecto establece, como principio general, el acceso a la información por parte de la ciudadanía que se encuentre relacionada a los programas, proyectos, instrumentos, acciones en materia de cambio climático; y, la participación ciudadana en la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático.
«El proyecto crea un comité científico con expertos ambientales, económicos, sociales, entre otros, de manera de contar con apoyo y visión experta para el desarrollo y evaluación de políticas públicas. Y se incluye al Ministerio de Educación con responsabilidades y facultades concretas en el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de capacidades. Es por eso que tanto el Ministerio de Ciencia como el de Educación pasan a formar parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad», ahondó la ministra.
Respecto a la participación de actores no estatales se reforma el consejo consultivo, pasando a ser un consejo nacional de sustentabilidad de actores no estatales, considerando en su composición tanto a académicos, actores sociales, representantes de gremios productivos como a representante de los jóvenes.
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Además, el Fondo de Protección Ambiental (FPA) se ampliará creando una nueva línea asociada a financiar proyectos y acciones concretas de mitigación y adaptación en las localidades que sean afectadas por el cambio climático. Se habilita el FPA para recibir donaciones de privados que serán con beneficio tributario.
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