Macarena Cepeda Godoy lleva un año al mando de la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes), gremio que reúne a empresas de la macrozona desde la región de Valparaíso a la de Los Lagos.
En el marco de la instalación del nuevo gobierno, dice que valoran las declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente, sobre trabajar en el crecimiento y la inversión, y respecto al efecto que pueda tener en su industria, expresa que «esperamos que eso se concrete para mantenernos como una actividad en crecimiento permanente y sustentable».
¿En qué está la industria hoy?
Dada la disminución de cuotas, la industria se tuvo que diversificar para darle más valor agregado a la materia prima, potenciando los productos para consumo humano. Estamos trabajando fuerte por la sustentabilidad, por esto nos hemos enfocado en el control de la pesca ilegal y la participación en los comités de manejo para lograr la recuperación de las pesquerías.
Hemos estado volcados a una recuperación de los recursos, lo que ya estamos viendo en el jurel, lo que permite mejores cuotas. Esto nos va permitiendo recuperar el ritmo productivo que teníamos en los ’90.
¿Cuánto se producía?
En los ’90 se desembarcaban 2 millones de toneladas y hoy solo 300.000 de jurel. Actualmente, la industria tiene mucha capacidad ociosa.
¿Qué falta para que la industria aumente su peso en circunstancias que el recurso no está disponible en la magnitud de antes?
Primero, tenemos que ser pacientes y respetar las decisiones científicas respecto a la disponibilidad del recurso. Los planes de manejo tienen una mirada de ocho o diez años, por lo que vamos a tener que esperar para en ese tiempo estar en niveles de cuotas que nos permitirán estar posicionados, como industria pesquera, entre los principales sectores económicos del país.
Pero la pesca ilegal que existe es una traba y un problema para recuperar especies como la merluza. Es un problema país, porque es entre cuatro y seis veces la cuota para el caso de la merluza.
¿Por qué no se le pone freno?
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) no cuenta con las facultades para poder fiscalizar. Hay toda una cadena de comercialización, de remitentes y receptación, que Sernapesca no puede fiscalizar porque no tiene facultades. Hay un proyecto de ley en el Congreso para esto y esperamos que se le de urgencia.
¿Cómo ha funcionado la ley de pesca?
La ley fue aprobada en 2012 y tenía toda una institucionalidad que debía conformarse, la que estaba asociada a comités científicos, lo que recién terminó de estar listo en 2016, dependiendo de la pesquería. Muchas voces critican la ley de pesca, pero fue analizada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y se determinó que es de estándar internacional, por lo tanto hay que darle tiempo para que se recuperen las pesquerías.
En el caso del jurel, ya estamos viendo resultados, lo que permite constatar que los resultados de la ley son positivos. Pero habiendo dicho eso, hay muchas cosas que son necesarias mejorar.
Ustedes tienen una propuesta denominada «Chile País Pesquero», ¿en qué consiste?
Es el resultado de un año de gestión. Antes de modificaciones puntuales de la ley, es necesario que el Estado se haga cargo de algunos problemas del país pesquero en general, del sector industrial y del artesanal. Esta propuesta se la haremos llegar al nuevo ministro, subsecretario y autoridades sectoriales. Primero, se necesita más financiamiento para la investigación, porque sin datos, no podemos recuperar las pesquerías. Además, falta financiamiento para implementar los planes de manejo y, el tercer punto, es el de la pesca ilegal. Es el principal problema para la recuperación de los recursos.
En el sector industrial, nos interesa mantener la certeza y estabilidad para proyectarnos en el largo plazo.
¿Por dónde está dada esta falta de certeza jurídica?
Por ejemplo, cuando hay presiones por modificar el fraccionamiento de la industria, donde seis de cada diez peces son extraídos por el sector artesanal. Es bueno mantener esto para proyectarse. Permanentemente se escucha que hay que modificar las licitaciones y las cuotas, pero eso atenta contra la sustentabilidad de la operación. Al sector le hace mal estar con la amenaza permanente de que la certeza jurídica se va a revisar.
Se ha demostrado en las últimas dos licitaciones, de sardina y jurel, que no han tenido el resultado esperado por el gobierno: no ingresaron nuevos actores y no aumentó la competitividad.
¿Y en el sector artesanal?
Hay que mejorar sus derechos de pesca, porque son poco flexibles. Esto ayudaría a evitar el sobreesfuerzo artesanal, donde muchas embarcaciones se ven obligadas a salir constantemente porque la cuota está asociada a la embarcación.
Hay que abordar la precariedad de este sector. Cuando el pescador se tiene que jubilar, no tiene pensión.
¿Ve espacio para abordar estos temas?
Es lo que esperamos. En el Biobío tenemos colaboración con el sector artesanal y sabemos que esto les preocupa.
El gobierno anunció que revisará la ley de pesca, ¿estos temas deberían incluirse en ese marco?
Esta es una propuesta país de temas que deben ser revisados antes. Estos son temas que son sustento y base para un mejor país pesquero y que claramente pueden significar un perfeccionamiento de la ley actual, pero esto no te garantiza solucionar esos temas.
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