(La Tercera PM) Con lupa en mano, los gremios pesqueros han seguido los movimientos del nuevo subsecretario del ramo, Eduardo Riquelme. El abogado habría recibido el mandato del Presidente Sebastián Piñera de reunirse con todos los actores antes de tomar una determinación para reformar la ley de pesca. Y así lo ha hecho. El martes se reunió con la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca) y este jueves recibirá a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), quienes le presentarán una serie de propuestas.
Directivos de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) sostienen encuentro con el subsecretario @eduardoriquelme. pic.twitter.com/4PYwGKxguQ
— Subpesca ??? (@SubpescaCL) 20 de marzo de 2018
Sin embargo, en ese periplo Riquelme ha despertado algunas suspicacias de los altos dirigentes de la pesca nacional, tras su encuentro con el senador Manuel José Ossandón, con quien el mandatario se comprometió a perfeccionar la ley para que se uniera a sus filas.
Si bien Riquelme milita hace 25 años en RN y por esta trayectoria es cercano al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y al senador Andrés Allamand, de quien fue su jefe de gabinete en Defensa, en la industria temen que el subsecretario sea influenciado por Ossandón, de quien critican su proyecto de reforma a la también conocida «Ley Longueira».
La evaluación de los gremios pesqueros es que «el subsecretario está metido en una encrucijada». Para algunos, Riquelme presenta un desconocimiento del sector y los descolocó que en reuniones a puerta cerrada, recalcara que es político y lo que viene a hacer es política.
Aquella aclaración le hizo arrugar la nariz a varios dirigentes: «Ahí está equivocado porque la Subsecretaría (de Pesca y Acuicultura, Subpesca) es el organismo más técnico, en el que trabaja gente profesional como oceanógrafos, biólogos marinos y veterinarios».
Desde la industria pesquera ven la propuesta del senador Ossandón como una estrategia para estar presente en el debate y posicionarse como carta presidencial, camino que algunos encuentran errado por lo que sostienen que el senador y ex alcalde de Puente Alto «debería dirigir su fuego amigo contra el senador de Evópoli, Felipe Kast, y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno», detallan.
Además, dicen que tras las conversaciones que han sostenido con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y con Piñera, el gobierno les habría asegurado que no es un tema prioritario, versión que se reafirmó al no encontrarse la reforma a la ley de pesca entre las doce urgencias legislativas.
Los reparos a Ossandón
El proyecto de reforma a la ley de pesca presentado el miércoles pasado por el senador Manuel José Ossandón busca la licitación pública de las licencias pesqueras, que estas se renueven anualmente y que tengan como tope de tiempo 20 años. Mientras, la moción presentada por el jefe de comité PS, Rabindranath Quinteros, en un trabajo conjunto con las senadoras Carlona Goic y Adriana Muñoz, proponen la existencia de licencias transables por diez años.
Vea >> Senador Quinteros insiste con modificaciones a la ley de pesca
Ambas iniciativas son resistidas por los industriales de la pesca, pero ante un escenario de reforma una corriente afirma que optaría por la propuesta de la Nueva Mayoría. «El proyecto de los tres senadores no es tan drástico como el de Ossandón», recalcan desde el sector pesquero.
El gran reparo del proyecto de Ossandón versa sobre la renovación anual de la licencia y el tope de 20 años, ya que a juicios de dirigentes de la industria podría transformarse en una puerta giratoria: «Participas de la licitación, te ganas la licencia, la explotas un año y después vuelve otro y otro. Es decir, una locura». Además advierten que atentaría con el derecho de propiedad, ya que la licencia de pesca no sería renovada automáticamente y después de los 20 años, el dueño de la licencia tendrá que competir con nuevos actores para continuar con el negocio que había comenzado dos décadas atrás.
En esa línea, los industriales pesqueros afirman que han recogido la preocupación de otros sectores porque sentaría un precedente al momento de abordar los derechos de agua y de la minería. «Si están licitando los derechos de pesca que son recursos renovables, qué va a pasar entonces con la minería, y la gente que tiene el campo. Se tendría que licitar también los derechos de aguas. Entonces esa inquietud se amplía a otros sectores», explica un integrante de la Sonapesca.
¿La salida? Para algunos la solución no pasa por convocar al Consejo Nacional de Pesca que en el pasado ha sido criticado por acordar junto con el subsecretario de Pesca y Acuicultura de turno las cuotas de pesca. La salida, proponen en la industria, estaría en escuchar lo que tiene que decir un organismo internacional como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). «Es una organización prestigiosa, preocupada por la alimentación y los grandes temas», recalcan.
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